Debido al creciente robo de identidad las aguas se mueven en el país hacia una próxima legislación en la materia, y es que las cifras del delito comienzan a ser escandalosas, según revela la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

De acuerdo  con el más reciente informe de la institución, en 2015 se registraron 100 mil 488 reclamaciones por probable robo de identidad, contra 41 mil 697 en 2014, un aumento de 141% de un año a otro.

El titular de la Condusef, Mario di Constanzo, indica que el monto defraudado pasó de 110 millones de pesos en 2014, a 250 millones en 2015, y declara que han detectado que “bandas de centroamericanos y europeos, incluso hasta la propia mafia rusa, son los que se están metiendo en el país a ejercer este tipo de delincuencia” (y de lo que no sabemos de investigaciones).

El modus operandi es el engaño para obtener información a través de correos electrónicos, llamadas falsas e incluso el robo de la basura de documentos personales que la gente deposita sin el menor cuidado y que contiene datos importantes.

Por primera vez, la diputada priista Gloria Himelda Félix presentó un proyecto de reformas y adiciones al Código Penal Federal  para castigar hasta con siete años de cárcel y 400 días de salario mínimo a quien incurra en el nuevo tipo penal de usurpación de identidad con la finalidad de acceder a recursos u obtener créditos u otros beneficios o realizar cualquier actividad ilícita.

La pena referida se incrementará en un 50% cuando el autor asuma la identidad de un menor de edad o tenga contacto con una persona menor de dieciséis años con la finalidad de ejectuar cualquier acto sexual.

La propuesta no me parece que atente contra la libertad de expresión que se da en la internet (lo que siempre he defendido) y que en otras ocasiones han querido coartar otros legisladores. Ese es el reto que deben librar.