Los actores socio políticos que incursionan en los puestos de elección popular que suelen llegar por casualidad y por presiones para obtener una plurinominal, por algún tiempo pasaron desapercibidos o fueron comparsas, y se manifestaron como individuos impolutos y de honestidad incuestionable.

En 1998, El Quintanarroense, Enfoque Radio y Respuesta, por conducto de Joana Maldonado, Eugenio Pacheco y César Romero, en El Periódico entrevistaron a Juan Manuel Santiago Barahona, gerente peninsular de Diconsa; Manuel Saturnino Ávila Noh, titular de la Unidad Operativa Chetumal, y por último la relación de la supuesta columna dolosa, son parte documental de lo que a continuación relataré con documentos firmados autógrafamente por la Contraloría Interna de Diconsa Peninsular, S.A. de C.V., con fecha 12 de junio del año 1998, y la denuncia penal interpuesta el 14 de julio del mismo año por los abogados Fernando José Silveira Bolio y Rossana Abdelnur Vanegas, acreditados legalmente por la Notaría No. 103 del Distrito Federal en acta número 42 mil 270, y con testimonio público 215 de la Notaría No. 51 del estado de Yucatán, como apoderados le-gales de Distribuidora Conasupo Peninsular, S.A de CV:

El resultado de la auditoría relacionada en párrafos anteriores arrojó que los CC: William Souza Calderón, Manuel Enrique Hoyos Hernández, Hugo Alberto Rodríguez de la Gala Villa y Renato Calderón Castro incurrieron en desvíos de recursos durante el período com-prendido de marzo de 1993 al mes de agosto de 1995 por $378 mil 904.40 (trescientos setenta y ocho mil novecientos cuatro pesos y nueve centavos).

Los diferentes ilícitos cometidos por este grupo auditado, van desde el uso indebido de instalaciones, pago de nómina ficticia, aumento de precios de envasado de productos que ameritaron responsabilidades penales y/o administrativas.

Como resultado de los hechos consignados en el expediente C.I 42/97, se le impuso a William Souza Calderón, como administrativamente responsable, una inhabilitación por ocho años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 fracción VI y 56 fracción V de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el pago de daño económico por la cantidad de $266,236.26 moneda nacional.

Respecto a la demanda penal presentada ante la Procuraduría General de la República; Averiguación Pública 129–998, que en el contenido de las fojas 369 a 374, en los hechos, fundamentan las acciones ilícitas cometidas por William Souza Calderón como presunto responsable y se ordene acción persecutoria.

No omito manifestar mi extrañeza porque no se haya ejercido la acción penal y tampoco existe la liberación de responsabilidad respecto a la denuncia interpuesta ante la PGR en su momento, tampoco, quizás, por su elección plurinominal a diputado de la XII Legislatura de Quintana Roo. 

Hoy, William Souza Calderón goza, quizás, de impunidad a pesar de los agravios causados a la empresa descentralizada Diconsa que en su momento y mediante auditoría determinó la responsabilidad de susodicho y que aún con una inhabilitación por ocho años, en su momento no fue impedido para ocupar la diputación señalada.

Impunidad, base fundamental de la corrupción y madre de todo el dolor que se causa a la sociedad, pero así son las cosas y hoy este sujeto aparece en la planilla del PAN como sexto regidor, un chetumaleño que durante su ejercicio legislativo quiso demostrar lo que en el servicio público no garantizó, y son hechos consignados en documental pública que obra en mi poder y considero incuestionable, pero si hay documentos públicos que contravengan lo aquí expuesto, mi disposición para hacer la aclaración que corresponda.

Mientras esto puede tener respuesta, la campaña sigue y la planilla no cambia muy a pesar la opinión pública, por lo que ocurra, esperemos y... ¡al tiempo!