La divulgación del diálogo telefónico del senador Ernesto Cordero con el diputado Rodríguez Duval representa un severo golpe al legislador en su pretensión de ganar el liderazgo del PAN a Gustavo Madero. Queda claro que en el pasado reciente del PAN los problemas no se superan, se incuban y, por lo mismo, la conclusión del proceso de elección para la dirección nacional no resolverá diferencias a todas luces irreconciliables. 

Cordero, al igual que López Obrador, tiene la convicción de que sus contrapartes son unos pillos; la diferencia es que el tabasqueño persiste en su creencia y actúa en consecuencia, Cordero calla y se indigna porque se hace público lo que dice en privado.

El espionaje telefónico es un delito, pero se ha vuelto común y generalizado. Dentro y fuera del PAN se dice que la relación estrecha entre Felipe Calderón y Genaro García Luna tenía como origen la complicidad derivada del espionaje ilegal desde los tiempos previos a su arribo a la Presidencia. 

Un capítulo ominoso fue la divulgación por la dirección nacional del PAN de las conversaciones telefónicas de los gobernadores de Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Puebla en los días cruciales de las elecciones de 2010. En este caso solo el aparato de inteligencia gubernamental tenía tal capacidad. Lo ominoso viene por el uso faccioso de los instrumentos del Estado mexicano.

El senador Cordero señala que fue espiado por integrantes de inteligencia, expresión ambigua. Hay espionaje institucional y también privado. Esto último siempre ha existido y no hay gran empresa en el mundo que no contrate servicios de inteligencia y contrainteligencia. 

En México han proliferado precisamente por la precaria integridad de las instituciones públicas de seguridad. Los profesionales del espionaje se privatizan una vez que concluye su ciclo en el gobierno o lo que es peor, estando en función pública realizan servicios para particulares. El espionaje se ha sofisticado con el uso masivo que se da a la red o internet.

En las elecciones de Guerrero de 2011 un funcionario federal entrenado en la intervención de la red para luchar contra la pedofilia ofertaba servicios a los candidatos sin otra motivación que el pago.

Todo político o personaje de relieve asume que es espiado en sus conversaciones telefónicas. Gobiernos, rivales, agencias privadas de información, hasta el aparato de inteligencia del Departamento de Estado del gobierno del país vecino al norte pueden hacerlo. 

La soberbia y la ingenuidad propician el descuido. El senador Cordero debiera presentar denuncia de hechos, como también lo han hecho otros espiados, aunque de antemano se sabe que será difícil llegar a los responsables. No importa, debe acreditarse el hecho como delictivo.

Algunos en el PAN apuntan al gobierno como autores, otros se refieren a ex gobernadores, particularmente al de Morelos, Marco Adame. Habrá de recordarse las declaraciones del entonces gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola Vera, en el sentido de que el espionaje político es “normal” y que en su opinión se tenía que realizar para garantizar la gobernabilidad. Lo cierto es que quienes están en el poder con frecuencia asumen una actitud complaciente respecto al espionaje político.

El senador Cordero debe saber que el espionaje del que fue objeto tiene origen en el propio PAN, porque se enmarca en la disputa por la dirección nacional del partido y, por lo mismo, apunta hacia el grupo rival. Grabar una conversación telefónica no requiere de mayor aparato, mucho más si la comunicación es desde o a un teléfono celular. Un político en tal proceso debe asumir que sus conversaciones pueden ser divulgadas y probablemente sacadas de contexto.

La realidad es que el senador Cordero considera que el coordinador de los diputados, Alberto Villarreal, en connivencia con el presidente del PAN, Gustavo Madero, gestionan recursos para autoridades municipales o estatales a cambio de contraprestación política o económica, acción que no debe ser exclusiva de los azules, ni del equipo de Madero. 

Se ha dicho que afines al mismo Cordero obtuvieron beneficios en la gestión de recursos para el ayuntamiento de Monterrey. También se ha insistido en la labor que realizaban los delegados federales en el gobierno de Felipe Calderón, pasando la charola para la campaña de Ernesto Cordero en pos
de la candidatura presidencial.

Los dos temas de por medio no son novedad: el espionaje y el tráfico de influencia de legisladores. Lo que hace nota es la evidencia y el reconocimiento de dicha realidad. También cuenta el escándalo que acompaña hacer público lo que se dice en privado o, más bien, divulgar lo que realmente se piensa. 

Para el caso concreto, políticamente impacta porque pone en evidencia la fragilidad de la unidad panista y anticipa el conflicto una vez que concluya la dispareja disputa por la dirección nacional del PAN.