La transición democrática mexicana se percibe hoy más amenazada por los poderes fácticos. Al viejo poder del dinero que siempre ha velado armas para ejercer el poder político y al riesgo permanente de que desde el interior del Estado quienes ejercen sus potestades se desvíen del interés general, se agrega la amenaza mayor de los grupos delincuenciales.

El eterno conflicto entre el pueblo y los “grandes” que lo quieren gobernar, como diría Maquiavelo, se ahonda con la intrusión perversa de los que viven sin ley. 

Por eso, la tragedia de Ayotzinapa es percibida como diferente: es gobierno –aunque sea el de un municipio violento de un estado violento- el que ha sido penetrado.

Y es a través de su alcalde, su “primera” dama y su fuerza pública, que se comete el crimen. Este delicado tema -la penetración del Estado por fuerzas extralegales- fue hasta hoy atenuado dejando en suspenso la definición de su alcance, centrándose en la ineficiencia o corrupción de las fuerzas de seguridad y en sus limitaciones: pulverización, escasa profesionalización y mayor permeabilidad al crimen, especialmente en los niveles locales.

De ahí la justificación de intervención de las fuerzas armadas para preservar el control del territorio y el combate a la delincuencia organizada y la urgente necesidad de fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad. 

La alerta no es menor, pero, contradictoriamente, se ha generado una extensa y difusa protesta en la que aquí y allá, pero sobre todo en las redes sociales, se incita al linchamiento de autoridades –las que sean pero más a las de más arriba- y mira poco o de plano no voltea a ver a los culpables y las causas.  

Más claro que el agua lo pone Ciro Gómez Leyva en las páginas de Milenio: “El gobierno federal no los mató. El gobierno de Guerrero no los mató. Los mataron, Héctor Aguilar Camín dixit, los hijos de puta. Y no veo ni escucho una condena pública contra los asesinos”; y cita a Enrique Krauze: “Comparto la exigencia ciudadana de justicia… pero estoy esperando la primera manifestación ciudadana contra los criminales”. 

Mucho tiene que ver un sistema político que no ha logrado transparentar los mecanismos  de selección de candidatos para asegurar su integridad  y que, con todo y los cabildeos naturales entre las corrientes políticas y los intereses legítimos de los grupos, garanticen que quien va a gobernar o legislar no traicionará su mandato.

Es un lugar común decir que México requiere de un Estado fuerte pero democrático, con los contrapesos políticos necesarios e instituciones eficaces que puedan garantizar desarrollo y gobernabilidad. Un país que funcione, pues. Difícilmente lo tendremos simulando una Fuenteovejuna  para apedrear al Comendador Mayor, mucho menos si no es el de los agravios.

Eso sí, estas estrategias garantizan el anonimato de los que quieren parecer libres de pecado y apilan las piedras: “-¿Quién mató al Comendador? / -Fuenteovejuna, Señor. / -¿Quién es Fuenteovejuna? / -Todo el pueblo, a una”.