Se ha revolucionado el sector ferroviario con el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados de reforma a la ley reglamentaria de este servicio.

Uno de los temas más controvertidos es una nueva figura que se suma al negocio: los permisionarios. Empresas que tomen la operación de ciertos sectores de vías que ya estén en manos de los concesionarios. 
“Los permisionarios no tienen la responsabilidad ni de inversiones mínimas ni de costos que si tienen los concesionarios. Es una figura desregulada y va en contra del espíritu de la Constitución”, explica Vicente Corta, socio de White & Case y vocero de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF). 

Los permisionarios serían nuevos actores en el negocio del transporte de carga, que ha crecido de manera considerable en los últimos años empujado entre otros por el boom automotriz. Hoy, 26% de la carga que se exporta se mueve sobre rieles. 

En otros mercados socios (como EU o Canadá) los permisionarios tienen una condición básica desde el inicio de la operación: deben contar con vías propias. Es decir, con un tendido que ellos hayan montado y que interconecten con los grandes ramales concesionados. En México no existiría esta obligación y operarían sobre las vías que existen. 

¿Quiénes son los empresarios que estarían interesados en este nuevo negocio que podría darse si la ley también pasa en el Senado? Uno de los nombres que más suena off the record en los pasillos de las empresas ferroviarias es el Alonso Ancira, el presidente de Altos Hornos de México. 

De hecho una de las cámaras que más rápidamente salió a defender la nueva ley ferroviaria fue la Cámara Nacional de la Industria y el Acero, que preside el propio Ancira. 

El empresario tiene experiencia en este negocio, ya que cuenta con la Línea Coahuila-Durango, una alianza a 50% con la minera Peñoles (de Grupo Bal). 

Ahora el cabildeo de la AMF va hacia el Senado, donde piden que se realice un análisis más profundo de los títulos de concesión entregados hace 16 años, para evitar un juicio y una indemnización por parte de las empresas de ferrocarriles al Estado mexicano. “La indemnización ya está pactada en la ley”, agrega Corta. La AMF no tienen la cifra de una indemnización a las empresas ferroviarias por los restantes 34 años de concesión, pero me imagino que no sería de pocos ceros ese cheque.