Un rumor, esparcido en las redes sociales, paralizó por completo la vida pública en Cuernavaca. No estamos hablando de un suceso reciente sino de algo que ocurrió hace ya algún tiempo: la gente, atemorizada por la especie de que las organizaciones criminales iban a tomar las calles, permaneció en sus casas; los comercios cerraron; los restaurantes estuvieron vacíos; la ciudad se volvió un espacio fantasmal de opresiva atmósfera… Al final, no pasó nada pero el daño estaba hecho y el mensaje quedaba muy claro: algunas  fuerzas oscuras tienen la capacidad de alterar sustancialmente la cotidianidad de miles de vecinos.

Muy bien, pero ¿hay manera de impedir que suceda algo así? Dicho en otras palabras, ¿se pueden controlar los contenidos de la internet, en tiempo real, como para evitar que un grupo malintencionado de manipuladores siembre el miedo en una comunidad? Es difícil saber si esto es posible, en términos prácticos, en un entorno de libertades como el que tenemos en nuestro país. Nos queda muy claro, eso sí, que los primeros intereses de los regímenes totalitarios son la censura y el acallamiento de las voces opositoras en todos los medios, incluyendo esas antedichas redes sociales donde, justamente, las expresiones de descontento y la crítica se multiplican exponencialmente porque son foros abiertos a todos los individuos. Para los gobernantes de Cuba o Venezuela, por no hablar de la represión que tiene lugar en el subcontinente latinoamericano, los blogs y los tuits son un auténtico dolor de cabeza y centenares de páginas de internet están totalmente bloqueadas en la isla sojuzgada por los hermanos Castro.

Pero, si un suceso como el de Cuernavaca, debido a insidiosas falsedades difundidas de manera deliberada en las redes, tuvo muy perjudiciales consecuencias para toda la sociedad, entonces ¿deben intervenir las autoridades para limitar la información que está circulando en un momento determinado en el ciberespacio? Y, de considerar que es necesaria una actuación tan decidida como contundente —aduciendo, entre otras cosas, problemas de seguridad y enmarcando las acciones, por ejemplo, dentro del combate al crimen organizado— ¿cuáles serían los criterios para intervenir? ¿Cuándo se desplegarían las estrategias y cuándo no? ¿Quiénes supervisarían constantemente las páginas y sitios de internet, los mensajes, los tuits y los videos? ¿Quién tomaría las decisiones?

El simple hecho de plantear una estrategia de vigilancia nos lleva a una situación de una tremenda complejidad sin haber siquiera formulado cuáles serían, posteriormente, las medidas para bloquear ciertos contenidos. Lo repito, en una dictadura los censores lo tienen muy fácil porque se arrogan, en automático, la facultad de silenciar las voces de los disidentes. Por su propia naturaleza, la tiranía no tolera la más mínima manifestación del pensamiento crítico y los opositores son considerados enemigos declarados de un sistema sustentado en las adhesiones incondicionales, la servil aceptación de las verdades oficiales y, sobre todo, la constante glorificación del caudillo de turno (porque, miren ustedes, todo se reduce a eso, al engrandecimiento del poder personal de un individuo). Pero, aquí y ahora, en un país como México donde la sociedad civil ha conquistado ya espacios en los cuales puede ejercer plenamente sus derechos, ¿se puede proponer, en una iniciativa de ley sobre el tema de las telecomunicaciones, un artículo donde se plantea “bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad” y otro en el cual se otorga la potestad de “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”?

Estos planteamientos, de una inquietante vaguedad porque no sabemos si la censura terminará siendo responsabilidad de los propios proveedores de la señal, formulados en los artículos 145 y 197 de la propuesta de leyes secundarias de telecomunicaciones, han causado mucho malestar en amplios círculos de la sociedad mexicana y, sobre todo, entre los jóvenes internautas. Ciudadanos de muy diversas proveniencias se han manifestado en las calles; miles de tuits han sido enviados; y, en el extranjero, cunde la impresión de que el Gobierno mexicano arremete contra la libertad de expresión en la red. ¿Qué sigue?