Según el actuario del Juzgado Tercero de Distrito en materia de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, en la causa penal contra el ex subsecretario de la Sedena general Tomás Ángeles Dauahare, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada tiene una sola diligencia ministerial que ni el divisionario ni su abogado, Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, pueden desmentir:

“… que el encausado fue servidor público de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

¡Chíngale!

O sea que, como el mismo actuario lo afirma en el oficio que da a conocer aquí Rubén Mosso, “por lo que hace al procesado Tomás Ángeles Dauahare, los desposados (las afirmaciones) de los testigos colaboradores no se encuentran corroborados con medio convictivo alguno (salvo que el general sirvió en el Ejército), sin que al día de la fecha se cuente con probanza alguna para confirmar los dichos de los atestes Jennifer y Mateo…”.

Lo que procede, por lo visto, es que el general exija una investigación para dar con los servidores públicos que, sin prueba alguna, lo metieron en la cárcel.