Los hechos de violencia inusitada fueron conocidos dentro y fuera de México y son incontrovertibles. Una turba enardecida atacando bienes propiedad pública y negocios de propiedad privada fue vista mientras causaba destrozos. Buena aparte de los que se hicieron llamar anarquistas –lo cual es una ofensa para los verdaderos anarquistas que no suelen actuar así- estaban embozados, en una actitud cobarde.

Esta denigrante actuación de seres casi irracionales no puede negarse. Violentaron el estado de derecho, pasaron sobre leyes y reglamentos, sumieron en el pavor a miles de ciudadanos pacíficos y atacaron con saña a las fuerzas del orden que  cumplían su deber y que hoy son acusadas de violentar los derechos humanos de puros santos inocentes.

No creo que haya nadie que esté de acuerdo con la violencia, venga de donde venga, pero la autoridad es la única que puede emplear la fuerza lícitamente  cuando se trata de defender la paz social y eso fue lo que pasó en la capital. Hoy los policías que pusieron en peligro su vida por proteger la ajena de los ataques vandálicos deben estar preocupados y enojados ante la decisión de casi despenalizar el delito de ataques a la paz pública, porque, de encima, son acusados de arbitrariedades. Habría que ver cómo actúan los policías rusos para conocer lo que es golpear.

Si los últimos 14 detenidos, libres bajo fianza gracias a una reforma fast track y a modo de la ley, no son culpables, entonces la autoridad queda a deber a la sociedad que, con justicia, demanda que se castigue a quienes actuaron con violencia salvaje para protestar por un acto que se llevó al cabo dentro de la legalidad existente en el país y avalado por todos los organismos que la sociedad ha creado para garantizar la libre y pacífica convivencia social: el cambio de mando en la presidencia.