El reciente secuestro de la joven menor de edad en Cancún, Natalia Buxade, hija de un prominente constructor, puso el dedo en la llaga de una dolorosa asignatura pendiente en el estado, que en los últimos años ha saltado a los primeros lugares nacionales en el delito de secuestro y extorsión.

Felizmente para la familia, la joven estudiante de preparatoria fue víctima de una modalidad “light” de este delito, conocido como secuestro virtual, por lo que fue localizada en Playa del Carmen sin nada que lamentar.

El aberrante delito que en cualquiera de sus modalidades atenta contra lo más sagrado del hombre, su libertad, se está poniendo de moda en el estado ante el asombro de los  ciudadanos, que vemos como nuestra integridad y seguridad están comprometidas sin que nadie parezca poder frenar la ola de secuestros.

Y ya no es sólo el crimen organizado los que cometen secuestro, pues apenas hace unos días la Procuraduría de Justicia logró resolver el caso de un empresario de Kantunilkín secuestrado y asesinado por uno de sus empleados, todo por la ambición del dinero.

De hecho, las últimas estadísticas del 2013 del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubican a Quintana Roo en el tercer lugar nacional en extorsiones y en el séptimo lugar en secuestros, promedian casi tres secuestros por bimestre.

En 2012, Quintana Roo fue el estado con mayor número de extorsiones registradas a nivel nacional y séptimo lugar en secuestros. La situación se está volviendo insostenible, pues tanto los secuestros como la creciente ola de extorsiones están afectando seriamente a la sociedad y a la clase empresarial, obligando a muchos emprendedores honestos a abandonar los negocios por miedo a ser víctimas de la delincuencia.

Para muchos empresarios, el temor de que ellos o sus familias sean víctimas de un secuestro está siempre presente, tanto así que han sugerido al gobierno estatal la creación de un esquema de “renta” de policías, pues están dispuestos a pagar con tal de sentirse seguros.

Las extorsiones son otro flagelo que ha sentado sus reales en la entidad, y que se han convertido en un cáncer que afecta al desarrollo económico del estado.

Aquellos que con valentía mantienen un negocio, sobre todo en la zona de Cancún y Playa del Carmen, aunque en la capital también se han dado casos, tienen que lidiar no sólo con los pagos de impuestos estatales y federales, sino se ven obligados a pagar una cuota de protección al crimen organizado, so pena de perder sus negocios o su integridad.

Y si se rebelan, el castigo es inmisericorde, como se pudo ver con el incendio doloso de la popular marisquería “El Timón” de Cancún, provocado porque sus dueños no aceptaron las ridículas condiciones de delincuentes sin escrúpulos.

Lamentablemente, mientras la delincuencia impone, dispone y castiga con sus propios códigos inmorales a los que se les salen de control, las leyes federales son indulgentes con secuestradores y extorsionadores, motivando a que el delito siga creciendo y creciendo.

La tarea también es de los diputados locales, que si bien están imposibilitados para establecer penas más severas para los secuestradores y extorsionadores al tratarse de un delito del fuero federal, sí pueden intervenir en la legislación para proteger a los ciudadanos quintanarroenses que viven con el Jesús en la boca.

Es obligación de los legisladores implementar las leyes necesarias y proponer las estrategias en materia de seguridad pública y procuración de la justicia para que se ponga, de una vez por todas, un freno a la ola de secuestros que tanto daño está haciendo a nuestro estado.

Y el paquetote caerá directamente en las manos de los diputados que tomarán posesión el próximo mes de septiembre, ya que los de la actual Legislatura ya colgaron su hamaca  esperando el final del período que les corresponde.