Reforma de telecomunicaciones

El monopolio o la concentración productiva son contrarios a una sana economía.

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Hoy habrá de conocerse la propuesta del gobierno y de la pluralidad en materia de telecomunicaciones. Por los intereses de por medio es inevitable que la propuesta tenga un significativo valor político; sin embargo, no debe perderse de vista la dimensión económica y tecnológica de la propuesta de cambio.

El monopolio o la concentración productiva son contrarios a una economía sana, no es cuestión de ideología, sino de realidad. La revolución tecnológica no puede conducirse bajo el esquema de unos cuantos ganadores que imponen condiciones a quienes les compiten y también a los consumidores.

El Estado debe intervenir, aunque eso espante a algunos.
El calderonismo reagrupado en el Senado, en la disputa que llevan hacia su dirigente, dificulta el acuerdo. Es lamentable que el proceso legislativo sea rehén de la disputa por el poder en el PAN.

Esta circunstancia obligó que haya sido la de diputados la cámara de origen. El hecho de que la iniciativa cuente con el acuerdo de los tres principales partidos y del gobierno no es asunto menor; si el PAN tiene dificultades de comunicación entre sus representantes en el Pacto por México y sus legisladores, es un problema de ellos, no de la negociación y el acuerdo.

Es inevitable que la propuesta sea objeto de debate y crítica; algunos dirán que se quedó corta en sus alcances, otros que fue demasiado lejos. La realidad es que el país demanda un cambio en la materia y no debe permitirse que las diferencias y la discusión propias de este tipo de decisiones lleve a su posposición y de esta forma a la continuidad del status quo.

Por esta razón es muy importante que las diferencias se presenten de manera pública y que los empresarios definan su posición sin comprometer las tareas o a quienes sirven en sus empresas. El debate y la deliberación públicas siempre serán útiles, pero sin imposturas o engaño.

El proceso legislativo se vuelve de la mayor importancia. Al aprobar la reforma en las telecomunicaciones, los legisladores deben tener en claro el interés general y actuar con responsabilidad sin presiones ni chantajes. 

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