Tras la renuncia irrevocable de Carlos Arturo Álvarez Escalera a la Fiscalía General del Estado, surgieron las satisfacciones por la caída del último eslabón del llamado paquete de impunidad borgista y también las propuestas, con sus respectivos requisitos, de quiénes podrían asumir tal desafío, posiblemente desde hoy mismo.

Porque si algo suponen los opinólogos es que Roxana Lili Campos Miranda, la encargada del despacho, no será ratificada aun cuando cumple los requerimientos de rigor y probablemente los “morales”, más importantes que los legales por estas fechas, cuando las suspicacias abundan.

Para Emiliano Ramos Hernández, diputado secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, la o el próximo fiscal debe garantizar dos aspectos fundamentales: ningún escándalo en sus antecedentes, ni estar ligado al ex gobernador Roberto Borge Angulo, lo cual no implica que se haya desempeñado en la pasada administración estatal.

Considerado uno de los promotores de la lucha contra los nombramientos y las reformas heredadas, el también dirigente del PRD asegura que esas dos facetas serán inevitables durante las liberaciones programadas para este día.

Otros afirman que además de los 35 años de edad, el servicio mínimo de 10 años en esa rama del Derecho, que conozca las entrañas de la antes Procuraduría de Justicia y su nutrida formación académica, son vitales el prestigio ante la sociedad, ser apoyado por barras o colegios de abogados, así como tener presencia en los ámbitos con mayor influencia.

De esta manera los nombres empezaron a fluir: la propia Lili Campos; Miguel Ángel Pech Cen, ex subprocurador de Justicia en Zona Norte; Laura Susana Martínez Cárdenas, ex visitadora de la Comisión estatal de Derechos Humanos, y Leopoldo Cruz Navarro, presidente de la Barra de Abogados de la Riviera Maya, entre otros.  

La incógnita será breve porque el procedimiento es simple: de acuerdo con la Constitución local, ante la ausencia definitiva del fiscal general (que aplica por su renuncia irrevocable) se emitió una convocatoria para que los grupos parlamentarios de la XV Legislatura presenten hasta dos propuestas.

De dichas propuestas, las dos terceras partes de los integrantes deberá definir una lista de 10 candidatas o candidatos, la que será remitida al titular del Poder Ejecutivo, quien formulará una terna para regresarla al Congreso y éste designe. 

Si bien el proceso no es tan complejo, sí es la decisión, cuya responsabilidad recae en el gobernador y no en los legisladores. Por lógica, tendría que ser de confianza del mandatario, además de cubrir tanto las obligaciones jurídicas como las morales antes descritas.

Quien sea, tendrá tareas delicadas, que en un contexto de juicios orales y públicos como los actuales (no escritos corregibles y alterables), deberán ser perfectas; más aun tratándose de los expedientes contra el exgobernador, los cuales serán monitoreados por diversos sectores con una expectativa vista pocas veces.

Apenas asuma, para muchos cobrarán sentido las palabras provenientes del primer nivel: “lentos, pero seguros”. Empezaría, pues, la verdadera “cacería”.