22 de Junio de 2018

Opinión

Respeto a la ley y mayor atención a la discapacidad

Es necesario que la iniciativa privada preste más atención a las personas con discapacidad.

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La población que presenta algún problema de discapacidad en nuestro Estado representa un 6.4 por ciento del total de yucatecos y yucatecas que somos un millón novecientos cincuenta y cinco mil quinientas setenta y siete personas, de acuerdo al Censo de 2010, lo que nos daría un total de ciento veinticinco mil ciento cincuenta y seis personas con algún problema de discapacidad.

Un porcentaje sin lugar a dudas elevado, lo que hace que sea urgente atender a esta población, de acuerdo con todos los recursos disponibles y ni hablar de lo que nos señala la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán.

Recientemente se clausuró, en la Universidad de Oriente, UNO, el Diplomado “Derechos de las personas con discapacidad e inclusión social”, mismo en el que participaron 50 funcionarios públicos y gente relacionada con las prerrogativas de las personas ubicadas en este grupo que es considerado en situación de vulnerabilidad.

Como lo señalamos en su oportunidad el Diplomado inició el 26 de abril y la clausura fue el pasado día 20, cuando señalé que en Yucatán tenemos importantes cambios legislativos en la materia, que incluso se adaptan a los estándares internacionales, aunque es preciso reconocer que nos falta lograr eficacia y cumplimiento de esa legislación para poder garantizar el goce de esos derechos.

Representa todo un desafío lograr que este movimiento, iniciado y promovido desde la sociedad civil siga creciendo y se extienda hasta el sector privado.  Es necesario que la iniciativa privada preste más atención a las personas con discapacidad para que se pueda lograr una verdadera inclusión social. 

La Universidad de Oriente de Valladolid es un ejemplo de lo que una universidad puede hacer para promover y atender el tema de la discapacidad, junto con la sociedad civil. 

Es importante atender lo que el Rector de la UNO, Carlos Bojórquez Urzaiz, señaló para que las universidades tengan una política inclusiva para las personas con discapacidad: “Si las universidades pudiéramos aprender el cultivo solidario de los pueblos, de los mayas yucatecos, de las personas que menos tienen, el panorama de la educación sería diferente, tendría el espíritu humanista que inició Felipe Carrillo Puerto”. 

También indicó que el camino que se inició con el aval académico del Diplomado, seguirá hasta lograr que la UNO pueda impartir la Maestría en Derechos Humanos en Yucatán, para que todas las personas interesadas en el tema puedan estar dentro de este proyecto. 

Considero que lo logrado en este campo es un paso hacia adelante ya que de acuerdo a las estadísticas  Yucatán es el segundo Estado del país con mayor número de personas con discapacidad, como ya indiqué,  el 6.4% de la población vive en esta condición por lo que resulta imperante realizar acciones continuas para garantizar el respeto pleno hacia este grupo en situación de vulnerabilidad. 

Realmente creo que se vio recompensado el esfuerzo que realizamos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental (AYPADEM), la Universidad de Oriente de Valladolid (UNO) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) .

Entre las instituciones que participaron en el Diplomado están la Fiscalía General del Estado, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental (AYPADEM), el Centro de Estudios Superiores del Sureste (CESS), la CODHEY, Universidad de Oriente (UNO), Olimpiadas Especiales, Asociación de Carentes de Vista, “Profr. Santiago Navarro Silva”, entre otras. 

No se puede negar la importancia de la participación de las diversas instituciones y organizaciones, que aportaron sus juicios constructivos para que la sociedad en su conjunto aporte más y mejor, con el entusiasmo que la caracteriza, en beneficio de quienes requieren de un apoyo especial, pero podemos decir que el denominador común fue la necesidad de conocer la legislación en la materia, para exigir su observancia, cumplimiento en todos los campos y así lograr el pleno respeto de las prerrogativas de los grupos en situación de vulnerabilidad.

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