En diciembre de 2012, a poco más de un año de haber iniciado la primera fase del sistema penal acusatorio y oral en el estado, el Poder Judicial realizó un estudio de percepción y una abrumadora mayoría de los estudiantes y abogados encuestados (91 y 97%) sabía que Yucatán ya tenía juicios orales y un porcentaje más alto de cada grupo (98 y 97%) estaba enterado del “nuevo sistema de justicia penal”.

Cuatro años después de esta encuesta, cuando los focos están centrados en el aparato estatal de procuración e impartición de justicia, merece la atención preguntarnos si los abogados están haciendo la parte que les corresponde. Su trabajo es pieza clave para que el sistema funcione y  les apremia a fomentar y dominar habilidades, algunas de las cuales no eran tan necesarias en el sistema tradicional, al ser los casos cuestión de expedientes, con plazos largos, en los que sus clientes conocían del asunto a través de su propio filtro, con un margen amplísimo para manejarse a su propio ritmo, sin que su trabajo fuera expuesto.

Conviene saber a los ciudadanos que ahora son relevantes algunas habilidades más en quienes ejercen la profesión, particularmente en los litigantes, entre éstas la capacidad de análisis, de investigación, de argumentación, preparación de testigos, técnicas de interrogación, etc. Incluso poseer cultura general en diversas disciplinas que pueden ser de ayuda cuando se llevan los casos a los tribunales, destacadamente la psicología es una de ellas.

Aplicar la lógica y la deducción permitiría a un abogado “dar la batalla” en las audiencias orales, sea como abogado defensor o como asesor de la víctima, éste último figura clave que permite a la parte afectada apreciar, participar y tener elementos para solicitar una mejor investigación y actuación de los fiscales.

En un sistema en el que las partes se enfrentan ante los ojos públicos en cada audiencia, el abogado tiene que construir teorías del caso a favor de su cliente, que puedan ser probadas y convincentes ante el juez. Y también tener la visión estratégica y honestidad para determinar otra solución, diferente al juicio, como la mediación, salidas alternas o procedimientos especiales que ofrece la ley.

Y desde luego es condición, para que el sistema funcione que los abogados asuman una ética profesional rigurosa, como ha ocurrido en otros países en donde los abogados particulares y públicos tienen un alto estándar de preparación y desempeño.