22 de Julio de 2018

Opinión

Revisen y debatan, pero no frenen el cambio

La iniciativa de reforma constitucional educativa fue presentada el 10 de diciembre y promulgada el 25 de febrero.

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El proceso legislativo y el sistema bicameral suponen tiempos para el estudio, debate y votación de las iniciativas de ley. En una reforma constitucional la situación se vuelve más compleja: su aprobación requiere mayoría calificada y adhesión de la mitad de los congresos locales. El hecho es que los legisladores reciben proyectos de ley trascendentales para la vida del país; su debido estudio es obligado, pero no hacer de esto un artilugio para evitar su aprobación.

La iniciativa de reforma constitucional educativa fue presentada el 10 de diciembre y promulgada el 25 de febrero; más de tres meses en una reforma exitosa y de consenso. La reforma en materia de fuero la va a regresar el Senado a la Cámara de origen, al parecer por un error en la minuta.

La reforma en telecomunicaciones ha iniciado su etapa de dictamen en la Cámara de Diputados; es inevitable el debate sobre su contenido. Lo práctico es que en la etapa inicial se desahoguen las observaciones y, en su caso, modificaciones, y así agilizar las etapas posteriores. Para ello está el recurso de las comisiones en conferencia y de esta forma propiciar que la minuta recoja un consenso bicameral.

La reforma no debe amorcillarse, expresión taurina sobre una estocada concluyente malograda por un burel que se resiste doblar. Igual la suerte de los monopolios está echada, están heridos de muerte; es probable que haya diferencias en el contenido de la iniciativa, pero la reforma no debe posponerse, para ello es la ley de la mayoría. Si se puede mejorar, bien; pero es propio del acto legislativo el disenso por importantes y virtuosas que sean las propuestas. No hay razón para temerle a la diferencia.

Una vez que el pleno de la Cámara de Diputados apruebe la iniciativa, en el Senado y particularmente en los senadores del PAN recae la responsabilidad de conciliar el punto de vista particular del legislador, con las virtudes de una reforma en la que hay acuerdo en lo general, incluso de los afectados. En estos momentos definitorios es preciso que el disenso no obstruya el cambio. Revisar, debatir, pero no frenar la reforma. 

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