22 de Julio de 2018

Opinión

Revoltosos al patíbulo

Los gobernadores saben que los privilegios por el desorden en sus estados llegan a muchos maestros y que enfrentan un problema político mayúsculo.

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Afortunadamente, los profesores de México son muy diferentes a los revoltosos de Guerrero y Oaxaca. La opinión pública exige la aplicación de la ley a los mentores disidentes, mientras que continúa la recriminación a los gobernadores de Oaxaca y Guerrero por su ambigüedad. El secretario Chuayffet demanda el despido de los profesores por abandono de trabajo. Ayer la CETEG bloqueó temporalmente la Autopista del Sol para presionar a las autoridades de Gobernación, y en Oaxaca sus pares de la CNTE se han declarado en paro indefinido.

Quienes más pierden con las protestas son los alumnos pobres de los estados más pobres. La indignación pública es natural y es obligado demandar que se castigue a los responsables. Para el caso de Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre señaló que corresponde a las autoridades federales liberar la carretera que comunica a Acapulco con la capital. Antes, el secretario de Gobierno de Guerrero amenazó con órdenes de aprehensión por los daños ocasionados a instalaciones de gobierno.

Los gobernadores saben que los privilegios por el desorden en sus estados llegan a muchos maestros y que enfrentan un problema político mayúsculo, como se puede apreciar por el tamaño de la protesta.

No ceder se vuelve fundamental para la salud del país, pero tampoco se puede caer en la provocación, no es preciso enviar a los revoltosos al patíbulo. Lo que debe hacerse es acabar con el ciclo de impunidad que ha caracterizado a estas protestas y que quienes las promuevan o participen en ellas asuman los costos y las consecuencias de su irresponsabilidad o, en su caso, de la comisión de delitos.

La opinión pública es veleidosa. No todos son Carlos Marín, quien se mantiene sin importar dichos, tuits o mentadas. Las autoridades federales y los gobernadores deben ser apoyados en su empeño por mantener la legalidad; los espacios de la protesta y la crítica los garantiza la Constitución, bien por el diálogo con los disidentes en la Segob; empero, debe quedar claro que no es permisible el vandalismo ni la extorsión, vengan de donde vengan. 

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