Para referirnos a la cruzada y los artículos de Rosi Orozco, antes que nada hay que aclarar que las generalizaciones (que son la base de sus argumentaciones) tienen dos caras: una que absuelve y otra que condena. Las dos, por fortuna, falsas.

El problema con la cruzada de Rosi y Juana Camila Bautista, fiscal de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, no es el combate a la trata de personas, sino que la fundamentan en dos principios de la derecha más recalcitrante: la persecución y el autoritarismo.

Pero no solo eso, a estos prejuicios se agrega un lamentable reduccionismo que pretende imbuir en la sociedad la idea y percepción de que el delito de trata tiene prácticamente como únicas víctimas a mujeres y que ocurre solamente en centros nocturnos, bares y table dances.

El delito de trata afecta a menores, hombres y migrantres y puede darse a lo largo de todo el territorio con diferentes variantes de explotación laboral o sexual.

Rosi Orozco en su último artículo se refiere a este autor y pretende refutar los argumentos expuestos en este espacio pidiendo listas de establecimientos y clientes en la peor tradición  discriminatoria y estigmatizante.

Señalar como inquisidores es lo que Rosi pide como sustento a las razonables dudas y cuestionamientos a su cruzada de parcial “tolerancia cero” a la trata.

Lucha limitada, sexista y sesgada porque, por ejemplo, a la fecha no se conoce de ningún operativo de la PGJDF contra bares o clubes de stripers varones, como si los hombres que bailan en centros nocturnos, bajo los argumentos de Rosi o Juana Camila, no pudieran ser objeto del delito de trata por el simple hecho de no ser mujeres.

Un principio básico de la justicia y el derecho es que no se pueden perseguir delitos cometiendo más delitos ni hacer de las supuestas víctimas criminales a placer de los fiscales, como ocurre con las redadas organizadas por la señora Juana Camila Bautista, que tiene lista una hoguera para lanzar a bailarinas, meseros y empleados de centros nocturnos que, al no asumirse como víctimas y al negarse a firmar formularios en blanco preparados por el Ministerio Público en turno, son en automático “encuadrados” como cómplices del delito de trata.

Acciones como éstas en realidad poco hacen para conseguir justicia y protección verdaderas para las víctimas de trata, pues en realidad lo único que hacen es poner la lupa en establecimientos que desde hace años tienen vigilancia y supervisión de distintas autoridades, en este caso del Gobierno del Distrito Federal, y distraen recursos y esfuerzos oficiales que deberían estar enfocados para combatir todas las modalidades de trata, como la mendicidad infantil, formas de explotación laboral que se traducen en esclavitud moderna y abusos aberrantes como los recientemente revelados tras la intervención federal en el albergue de Mamá Rosa. En fin, cada quien.