Sería absurdo y ridículo que el señor presidente Peña Nieto, como lo hizo en su momento el emperador romano Constantino, convocara a un Concilio de la Iglesia católica para que los obispos y el papa definieran algún punto álgido sobre la vida sacramental. Las interjecciones furiosas o las carcajadas se oirían de Los Pinos a la colina Vaticana y de regreso. Pues igualmente absurdo y ridículo es que la Conferencia episcopal quiera intervenir en las decisiones del Poder Legislativo en un estado laico, ya sea directamente, por presiones o por interpósitas personas (como panistas, morenistas o algún priista desobediente) para definir un contrato civil entre particulares.

El matrimonio como sacramento es cosa de la Iglesia. La lucha contra el machismo eclesial se está dando con considerable altura teológica, pero corresponde exclusivamente a los creyentes. En cambio, el matrimonio, como contrato civil, es cosa del Estado y de los ciudadanos, independientemente de creencias.

Si los señores obispos, así como la mayoría de los miembros de su grey, no se quieren casar con alguien de su propio sexo, ¡nadie debe obligarlos a hacerlo! Están muy en su derecho. Así como lo están si quieren negar validez al contrato matrimonial, y renunciar a la protección de la ley en casos de herencias, intervención en cuestiones de enfermedad de su pareja, etc., y dejarlo todo en manos de Dios. Cuando, en México, se definió el laicismo (en tiempos del Benemérito) se prohibió a los católicos casarse por lo civil y, en pleno uso de sus derechos, no lo hicieron, hasta que poco a poco comprendieron que la protección de la ley civil no es desdeñable.

El matrimonio igualitario no obliga a nadie. Tampoco el sacramento es puesto en peligro por ninguna injerencia del Estado. Así pues, que se case el que quiera y no lo haga el que no quiera. Es una cuestión de laicismo.

De laicismo habló el papa Francisco. Lo hizo a favor porque los estados no laicos “acaban mal”. El es enemigo de los matrimonios igualitarios y abrió una puerta, pidiendo que se respetara la objeción de conciencia. No la circunscribió a este solo punto, pero es perfectamente aplicable y puede concederse: que no sea juez de paz ni cónsul quien no esté dispuesto a cumplir con una ley de matrimonio igualitario, sin que esto le suponga sanción alguna.