Los acontecimientos de Guerrero modifican las coordenadas de la política nacional de manera significativa. A todos afecta, incluso a López Obrador y a su proyecto de partido. Los efectos son inciertos, porque hay indagatorias en curso, la más importante: la declaración del ex alcalde prófugo; la más dramática: conocer la suerte de los 43 estudiantes desaparecidos; cada día que pasa vuelve el desenlace más preocupante y hace que la indignación crezca.

La salida de Ángel Aguirre no resuelve, pero sí da un espacio para la tarea urgente de reconstituir al gobierno y la autoridad locales. El Congreso local está por elegir al gobernador sustituto; la situación obliga a la responsabilidad y a la unidad. El presidente Peña Nieto, ante los diputados locales de todo el país, el viernes anticipó el apoyo del gobierno federal a quien resultare designado.

Además de la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica, se mencionó al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña, una opción razonable, articulada y quien ha llevado a la universidad local a los primeros planos.

Quienes más pierden son quienes más tienen. Para el gobierno federal el golpe ha sido severo, particularmente en el frente internacional; el juicio que se hace al país se aleja de lo alcanzado por las reformas y por una política internacional proactiva que le ha dado al país un lugar de respeto e influencia. Los malquerientes del gobierno buscan ganar golpeando debajo de la mesa, exagerando la inconformidad.

La decisión del Presidente de privilegiar el diálogo y el entendimiento, operada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, abre un espacio al encuentro y reconciliación que en las condiciones actuales mucho vale. Frente a la explicable y justa indignación por los estudiantes desaparecidos, adquiere relieve la imagen de un gobierno que escucha y en lo justo concede, un revés para los panegiristas de la represión y las soluciones de fuerza.

La estrategia de seguridad ha sido objeto de crítico escrutinio y lo que vuelve irrefutable la postura sanguinaria del gobierno anterior y de desentendimiento de los derechos humanos. A los hechos trágicos de Guerrero se suman los no menos preocupantes de Tlatlaya.

Ha habido una oportuna reacción del presidente Peña frente al daño. El llamado del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, de que los soldados no combatirán la ilegalidad con ilegalidad son palabras que revelan sensibilidad y un sentido de lealtad que mucho honra al Ejército y a sus mandos. Por su parte, la PGR enfrenta uno de los retos más complicados y difíciles por una demanda de justicia y esclarecimiento perentorios.

Al PAN no le ha ido tan mal, pero ha mostrado las orejas y la cola. La oportunista y frívola exigencia de desaparición de poderes en Guerrero le salió barata. Ni el PRD nacional se incomodó y prosiguió con los acuerdos, igualmente oportunistas, de suscribir una alianza electoral con el PAN para 2015, sin importar que sus agendas sean evidentemente incompatibles.

Ambos reiteran la práctica que es origen de muchas de las dificultades que se padecen y que ha envilecido la democracia: la lucha por los votos a costa de principios. El PAN ya obvió el tema del homicidio de su dirigente en Guerrero, una vez que se evidenció que era un crimen entre correligionarios.

El PRD es el gran perdedor de Guerrero. Las heridas son profundas y en muchos frentes. Las divisiones son evidentes. En el ámbito local el partido se pronunció por mantener al gobernador Aguirre; en el Senado el coordinador, Miguel Barbosa, y Alejandro Encinas demandaron una postura partidista para que el gobernador solicitara licencia. Carlos Navarrete ha sido errático, lo que dio base a quienes señalaban el compromiso del grupo dominante con Ángel Aguirre por razonas de financiamiento ilegal.

También cobró fuerza el dicho de un supuesto vínculo entre ese grupo y el ex alcalde José Luis Abarca. Aun así, por la debilidad del PRI y la virtual inexistencia del PAN en la entidad, la figura del senador del PRD Armando Ríos Piter continúa como opción natural de gobierno.

Guerrero todavía da para mucho. Ángel Aguirre y su equipo deberán comparecer ante las autoridades federales para deslindar responsabilidades. La eventual detención del ex alcalde Abarca mucho aportará para desentrañar la red de complicidades y la penetración del crimen organizado en gobierno local.

Un aspecto sensible a dilucidar son los supuestos vínculos económicos de autoridades comprometidas con figuras relevantes del PRD, hipótesis que de corroborarse llevaría al partido a la peor de sus crisis.

Las exigencias de justicia en Guerrero no son monopolio de alguien. Sin embargo, las familias de los estudiantes desaparecidos son los sujetos más relevantes de eventos que han llevado a la salida del gobernador Aguirre.

Torreón: el alcalde Riquelme ha sido injustamente señalado por apoyar económicamente al equipo de futbol Santos, institución que ha sido un bálsamo en los momentos más difíciles e inciertos en la región lagunera.