Que una turba de agitadores logre desarmar a un grupo de policías federales y que tome de rehenes a algunos para exhibirlos en las calles, aparte de causar lesiones gravísimas a otro, eso es un suceso digno de un Estado fallido. El mundo al revés, vamos.

Somos ya varios quienes levantamos la voz para denunciar esta aberrante y escandalosa circunstancia. Han ocurrido espantosos linchamientos (recuerden Tláhuac, donde estuvieron bien presentes los reporteros de las televisiones y la policía brilló por su ausencia), incendios, saqueos, destrozos, bloqueos de aeropuertos y arbitrarias ocupaciones de espacios públicos que pertenecen a todos los ciudadanos, y las autoridades se han abstenido de intervenir. ¿Por qué? Nos lo explican a su manera: están respetando el derecho a la “protesta social” y no desean “reprimir”.

Que la tal protesta sea en sí misma abusiva, violenta y violatoria de las garantías de los demás ciudadanos no parece preocuparles demasiado. Y que el mantenimiento del orden público, ejerciendo la fuerza legítima del Estado, sea una obligación con la que no cumplen tampoco les quita el sueño.

Muy bien pero, entonces ¿en qué suerte de país quieren vivir? ¿En un territorio salvaje sometido a la ley de los más violentos? ¿En una comarca sin autoridad donde los agentes de la fuerza pública puedan ser flagrantemente agredidos, cosa que no ocurre prácticamente en ningún lugar del mundo? Pues, vaya expresión tan vergonzante de nuestra identidad: México, nación bárbara donde se puede incendiar el edificio de un Congreso con total impunidad…

De seguir así, ¿ya pensaron hasta dónde pueden llegar las cosas?