A punto de cumplirse los primeros 60 días del nuevo gobierno, fecha límite para presentar las denuncias por actos de latrocinio comprobados, siguen apareciendo boquetes multimillonarios en diversas dependencias estatales de los que nadie es responsable, pues hasta el momento no se han emprendido acciones legales contra los presuntos delincuentes.

A los casos ya conocidos de desfalcos en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y en la aerolínea paraestatal VIP Saesa, donde los excesos fueron confirmados por los diputados locales en comparecencias con quienes fueron sus titulares, se han sumado montañas de dinero faltantes en la Comisión para la Juventud y el Deporte (Cojudeq), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) y la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC).

Hace unas semanas, el secretario de Infraestructura, Jorge Portilla Manica, reportó irregularidades por al menos 200 millones de pesos en obras inconclusas reportadas como terminadas, o peor aún, en proyectos que se pagaron pero que no existen. 

Lo mismo declaró a Novedades Chetumal esta semana la titular de Educación, Marisol Alamilla Betancourt, quien reconoció que la dependencia arrastra una deuda de 655 millones de pesos, de los cuales casi 600 son recursos que fueron robados del salario de sus trabajadores.

Sí, así con todas las letras: robados, porque se trata de descuentos aplicados directamente a la nómina para cubrir pagos a terceros que la dependencia nunca hizo llegar a las empresas, las cuales se desquitan directamente con el trabajador aplicando intereses infames o incluso con amenazas de realizar embargos de bienes.

Con aire de resignación, Alamilla Betancourt dijo que estas deudas que afectan directamente a los empleados del sector educativo serán pagadas, pero en “abonos chiquitos”, según vayan fluyendo recursos a la dependencia.

Los nuevos titulares acusan con razón a sus antecesores, pero al mismo tiempo avalan la impunidad al no proceder para evitar que esta situación quede impune.

Porque los ex titulares de Sintra y SEyC, Fernando Escamilla Carrillo y José Alberto Alonso Ovando, andan tan campantes ocupando su tiempo libre en actividades recreativas sin que les pidan cuentas por el cochinero monumental que entregaron en sus changarros.

El tiempo se agota sin que los responsables de este desastre sean denunciados, y tal parece que la impunidad seguirá reinando.