El país siempre ha padecido una poderosa inercia centralista. En sus orígenes, la sobrevivencia del país llevó a la creación de una autoridad central y centralizadora; después, el caciquismo y los caudillismos regionales obligaron al régimen político a la creación de un Estado y gobierno centralistas. La política social en materia agraria y laboral y la defensa de la soberanía nacional propiciaron el presidencialismo, el que en su evolución se vería reafirmado con el modelo económico estatista. 

A finales del siglo pasado se agotó el autoritarismo, pero no el centralismo. La transición democrática ha sido contradictoria, por una parte, apoyo a estados y municipios, por la otra, burocracias partidistas y una clase política centralista y centralizadora.

En la oposición, el PAN fue un partido que impulsó al municipalismo y, en cierta medida, al federalismo. Algo semejante ocurrió en el PRI cuando pasó a la oposición. Sin presidente tricolor, el poder se trasladó a los gobernadores; sin embargo, la falta de visión y vocación federalista significó, con la complicidad de los presidentes panistas, que la dirigencia nacional del PRI y los coordinadores parlamentarios prevalecieran sobre los mandatarios locales. 

A pesar de que los gobernadores no pudieron con Madrazo en 2005, seis años después sí se logró que Peña Nieto ganara la candidatura. Sin embargo, la inercia centralista persiste a pesar de que la contienda nacional se resuelve en lo local.

Ya en el poder, el PAN dio un giro claro hacia el centralismo; mucho más pronunciado con Felipe Calderón. Dos factores contribuyeron a esto: la estrategia contra la violencia y el crimen organizado y, lo que ya venía desde el pasado lejano: el sistema de finanzas públicas. 

Felipe Calderón fue el más severo detractor de la vida local, lo mismo ocurrió con mandatarios de la oposición que con los de su partido. El despotismo centralista llegó a su más elevada expresión y la campaña contra los gobiernos locales cobró el mayor impulso.

En la oposición, el PAN ha continuado por la misma ruta. En ese aspecto no hay diferencia entre Cordero y Madero; de hecho el PAN ha ganado dos importantes batallas a favor del centralismo: la conformación del Instituto Nacional Electoral y un régimen centralizado de vigilancia, transparencia y control de las finanzas públicas estatales. Sin un auténtico debate nacional, el régimen político dio un paso más hacia el centralismo.

El PRD a lo más que ha llegado es demandar una reforma al Distrito Federal. A pesar de que gobierna Morelos, Guerrero y Tabasco no está en sus exigencias el fortalecimiento a los estados y municipios. Al igual que PRI, PAN y PRD, el centralismo se impone en sus dirigencias. Al menos el PAN en su Consejo Nacional tiene una fórmula de representación regional.

Dos eventos ilustran el agotamiento del centralismo: la corrupción en la asignación del presupuesto federal a estados y municipios y el desastre en Michoacán. El escándalo de diputados panistas condicionando a presidentes municipales los recursos federales aprobados por la Cámara de Diputados es la punta del iceberg de una descomposición considerablemente más severa que no se limita a los afines de Gustavo Madero ni tampoco al PAN. 

En el Senado no es visible el tema por la sencilla razón de que la aprobación del Presupuesto es materia exclusiva de los diputados. Lo ocurrido lleva a una revisión sobre el desempeño de los diputados y alerta sobre la necesidad de un cambio para evitar que el Presupuesto sirva de clientelismo político o de franca y llana corrupción, como muestra lo hasta hoy conocido.

Michoacán ilustra que la estrategia de la ocupación por parte de las fuerzas federales, expediente favorito del anterior gobierno, simplemente no funciona. El despliegue de miles de policías y soldados no resuelve el problema. Cierto es que las autoridades municipales son el eslabón más débil de la cadena de autoridad, sin embargo, la respuesta a su fragilidad no es suplantándolas, sino fortaleciéndolas. 

La crisis fiscal de muchos de los municipios del país, los que padecen un doble padrastro (gobierno local y gobierno federal) ha significado que el crimen organizado no solo pueda superar la primera barrera de seguridad, sino en muchos lugares ponerla a su servicio.

En Michoacán es inevitable revisar con rigor y escrúpulo a las policías municipales y locales; sin embargo, la depuración no debe significar suplantación o desaparición, sino conformar una policía moderna, capaz, con sentido de servicio, adiestrada, equipada, justamente lo que se ha hecho con la policía central, la que, por cierto, no ha dado los mejores resultados desde que se creó hace ya 15 años.

La solución a los grandes problemas nacionales demanda reivindicar al federalismo. Cierto es que se requiere una visión nacional y global de los problemas del país, pero la solución necesariamente requerirá de municipios y entidades fuertes.