Seguridad: la reforma que nunca llegó
No hay tampoco en este año avances significativos en la efectividad de la investigación y consignación de criminales.
Faltan aún por publicarse los números de noviembre, pero con los diez meses del 2013 me parece que es correcto sacar algunas conclusiones del panorama delictivo y de seguridad en el país durante este año.
Según los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en este año se han registrado un promedio de 94 denuncias por homicidio cada día. 50 de ellas clasificadas como homicidio doloso. Es apenas 9 por ciento menos del total de homicidios de 2012, y 15 por ciento menos en los dolosos. La tendencia a la baja es la misma que desde hace un par de años y nos mantiene en cifras muy por encima de las de hace una década: en 2005, por ejemplo, hubo 30 homicidios dolosos diarios.
Con base en la misma fuente, las denuncias por secuestro han aumentado 27 por ciento en este 2013. En promedio unas 30 denuncias de secuestro más al mes que en 2012.
No hay tampoco en este año avances significativos en la efectividad de la investigación y consignación de criminales; ni en resolución de delitos que terminen con el justo castigo al que los comete. Es decir, nuestros índices de impunidad siguen por los cielos, lo cual solamente aumenta los incentivos perversos para los que delinquen.
Es cierto que hay una nueva estrategia de comunicación más respetuosa con los derechos de víctimas y presuntos culpables, que todos los actores dicen que hay mayor coordinación y confianza entre dependencias y niveles de gobierno, pero también debe estar claro que no es suficiente.
Nuestro caos policiaco —cientos de policías, cientos de mandos— requiere de cambios constitucionales que den solidez institucional a lo que hoy llaman mando único. Es necesario rediseñar, dar transparencia y someter a la medida de la eficacia a los fondos federales con los que los estados y municipios pagan la seguridad: FASP y Subsemun; que en opinión de todos los expertos son, en general, un desastre que cuesta millones al erario sin resultados alentadores.
Es también urgente legislar sobre la actuación de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia organizada.
En fin. Hay mucho por hacer.
Los números dicen con claridad que coordinación y buena voluntad no alcanzaron. Ni alcanzarán.
Twitter: @puigcarlos