En alud se lanzaron varias luminarias del PRD contra el escrito de Luis Carlos Ugalde, donde el ex presidente del IFE afirma que no hay margen legal para celebrar una consulta popular en 2015 que, eventualmente, revertiría la reforma energética. Ugalde subraya que legisladores y dirigentes del PRD lo saben, o deberían saberlo, por lo que la convocatoria es un engaño.

Guadalupe Acosta, Jesús Ortega, Alejandro Encinas, Fernando Belaunzarán y Amalia García, entre otros, afirman lo contrario y dan razones de por qué la Constitución ampara dicha consulta, mediante la cual intentarán tirar la reforma con la pregunta: “¿Está usted de acuerdo o en contra de que Pemex y la CFE se abran a la inversión privada”?

La Constitución es clarísima al respecto, me dijo ayer la diputada Amalia García, interpretando el artículo 35 constitucional con argumentos que parecen de legislador informado y serio. Me indigna que se generen expectativas que no se pueden cumplir, refuta Ugalde con palabras que merecen igual reconocimiento.

La Suprema Corte de Justicia va a decir que sí, porque la Constitución es la ley de leyes y puede ser llevada a consulta, confía Amalia. Simple y llanamente, la Corte dirá que la consulta no es procedente, porque no se puede usar para reformas constitucionales, insiste Ugalde.

Buen debate, pero triste realidad en que los asuntos de la política y los políticos, incluidas leyes frescas aprobadas por abrumadora mayoría, terminan dirimiéndose inexorablemente ante un juez.

Señor juez, señor juez, señor juez. Política de cha-cha-cha.