Con gusto me tragaría sin chistar todas y cada una de las palabras que escribí hace dos lunes en torno al plan del Ayuntamiento de Mérida y organismos empresariales de lograr que el ambulantaje –al que añaden la piratería- deje, el último día de marzo,  de ser un problema para la ciudad y sus habitantes. Nada me dará más gusto, si lo logran, que comerme todo cuanto dije respecto de la casi imposibilidad de lograr ese objetivo, loable y, sin duda, necesario.

Ni si probetur contrarium, dirían los clásicos, me mantengo en mi escepticismo, no obstante que el alcalde ya ofreció ir contra la red de comerciantes que operan –yo diría que explotan cual mafiosos- el ambulantaje. Más aún, si la pretensión del flamante Comité de Mercados incluye ir contra la piratería. No veo cómo, pero no me niego a admitir que a lo mejor me equivoco. Sería muy feliz si me callan la boca.

Años y años de promesas incumplidas y propósitos fallidos han hecho callo en mi espíritu. Hace décadas que vengo oyendo lo mismo y por ello soy un descreído, un fatal e irredento hombre de poca fe.

Los vendedores ambulantes y los comerciantes de piratería no están en esos negocios porque les encante que los exploten mafiosos y que otros se enriquezcan a sus costas. Tienen una necesidad ingente de empleo que les permita dar de comer, vestir y educar a su familia y esas condiciones, hasta hoy, no se las ha dado ninguna autoridad.

Es un problema más que de perseguir o de “limpiar” el primer cuadro de ambulantes, de justicia social, de incapacidad de los gobiernos –de todos los signos- para generar las condiciones de desarrollo con dignidad para millones de mexicanos (más de la mitad del total, según estadísticas). De modo, entonces, que sigo siendo escéptico, pero no me cierro a la ilusión de que esto por fin se logre.