Un grupo de agitadores ocupa a su antojo una zona emblemática de la capital de un gran país, paraliza la actividad económica del vecindario, obstruye el paso, ahuyenta al turismo que quiere visitar un monumento importantísimo (encima, restaurado trabajosamente con fondos provenientes de los bolsillos de los contribuyentes) y, miren ustedes, a las autoridades de la ciudad donde ocurre tamaño abuso les toma cuatro meses responder.

Ah, y cuando por fin toman la decisión de utilizar la fuerza pública para recuperar el espacio -que, no hay que olvidarlo, pertenece a todos los ciudadanos- entonces se comienzan a escuchar las jeremiadas de que se trata de un acto de “represión” promovido por “fascistas” siendo que no ha habido brutalidades innecesarias, ni una utilización desmesurada de la violencia, ni nada parecido.

Los denunciantes que tan airada e irresponsablemente lanzan acusaciones, no es que no sepan lo que es el fascismo (aunque muchos de ellos sean ignorantes y estúpidos), pero proceden con la mala fe del que se hace pasar por víctima para imponerse arbitrariamente a todos los demás, sin respeto y sin escrúpulos. Y, por si fuera poco, los propios revoltosos no están reclamando reivindicaciones legítimas (como esa gente –harta de la cínica incompetencia de los fiscales, los policías y los jueces- que sale a la calle a exigir seguridad y justicia) sino que montan su numerito, de auténtica extorsión, con el mero fin de obtener prebendas, beneficios exclusivos, consentimientos y, sobre todo, dinero del erario –o sea, del resto de los habitantes del país- para que se lo repartan alegremente sus corrompidos líderes.

Pero, a ver ¿qué mensaje se está lanzando cuando se permite tal desorden y tales atropellos? Pues, es una señal absolutamente nefasta para toda la nación: es un aviso de que no se respetan los derechos de propiedad, de que no hay certezas jurídicas y de que la ley no vale. Y luego nos preguntamos por qué somos un país pobre…