En las últimas semanas quedó en evidencia cómo en el Estado y el país se le da poca importancia por parte de las autoridades a los alcances de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para gobernar (incluidas las aplicaciones para teléfonos inteligentes), como en los casos del escape de El Chapo y los datos que se conocen del “ciberacoso” sexual infantil.

La incapacidad, el desconocimiento y la falta de guía de un especialista en seguridad en esta nueva era digital impide a nuestros legisladores reglamentar el sector, donde en el último caso es la sociedad civil organizada la que presiona para actuar. Dos ejemplos:

Se fuga El Chapo. Pese a que la autoridad aseguró que eran necesarios los planos del penal de máxima seguridad del Altiplano para llevar al cabo la fuga de Joaquín, El Chapo, Guzmán, especialistas federales explicaron que el delincuente sólo necesitaba un geolocalizador (para transmitir el punto exacto en el que se encontraba) y consultar Google Earth (donde se pueden ver las instalaciones de todos los penales de alta seguridad, ubicados en Edomex, Jalisco y Tamaulipas) para concretar su fuga. En otras naciones, los penales de alta seguridad  no pueden ser vistos a través de la aplicación de Google (a petición de las autoridades, claro).

Ciberacoso y explotación. Estadísticas de la Policía Federal señalan que la explotación sexual de niños y adolescentes a través de internet ocupa el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos, sólo antecedida por los fraudes y amenazas. Además, el país es considerado el segundo con mayor producción de pornografía infantil. Lamentablemente el Código Penal no considera el ciberacoso  sexual infantil como delito. 

Al respecto, la organización internacional con presencia en el Estado Save The Children reúne firmas para considerar el ciberacoso (aunque me parece que será algo difícil de definir lo que es) infantil delito grave y para que sea juzgado con penas de 7 a 12 años.