El 28 de junio de 2010 Rodolfo Torre Cantú fue asesinado junto con miembros de su escolta en el camino hacia el aeropuerto de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Era el candidato del PRI a la gubernatura del estado.

Unos meses después, entre el 22 y el 23 de agosto de ese mismo año, más de 70 migrantes fueron asesinados en San Fernando, Tamaulipas, por miembros del cártel de Los Zetas. La mayor matanza de la que se tenga memoria en el país.

El 9 de mayo del 2011, los 600 agentes de la Policía Preventiva de Matamoros fueron desarmados y acuartelados en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, asumieron las funciones de vigilancia y seguridad 300 policías militares. De hecho, por eso mismo, hace un año la alcaldesa de Matamoros mejor les dijo a los habitantes de la ciudad que no salieran de sus casas.

El exgobernador Tomás Yarrington anda a salto de mata acusado de delincuencia organizada por manejo de recursos de procedencia ilícita. 

Valga el recordatorio. No es sencillo encontrar negocios en Ciudad Victoria o en Tampico a los que no les hayan pedido derecho de piso. Nadie se puede dar por sorprendido. Hace al menos diez años que Tamaulipas es un desastre.

O sí.

La explosión de violencia a la que tuvo que responder, por fin, ayer el secretario de Gobernación tiene que ver con un primer año en que el gobierno peñista apostó a que con “mucha coordinación” y una nueva estrategia de comunicación las cosas mejorarían.

De alguna manera se creyeron el cuento ese de que los muertos eran de Calderón, o al menos provocados por la estrategia de Calderón. En este 2014, primero en Michoacán y ahora en Tamaulipas, les debe quedar claro que el problema es mucho más complejo y profundo de lo que imaginaron y que una nueva narrativa no cambia la realidad. 

En el pecado de haber ignorado el problema llevan ahora la penitencia. 

La respuesta es muy similar a la de hace diez, ocho, cinco años: mucho Ejército, mucha policía, mucha bala. 

Eso sí, dirán, “muy coordinados todos”.