La suerte de un gobierno no solo la define la ley, también la responsabilidad política. El país está en medio de un cambio profundo y, así como hay reformas, también es obligada la muda de hábitos y costumbres. 

Lo más crítico del momento es la inseguridad y lo que las autoridades hacen para enfrentarla. La violencia, la desigualdad y el magro crecimiento económico remiten a la precaria legalidad y sistema de justicia. La impunidad tiene como origen el poder político. Así es por comisión o por omisión. No habrá cambio que cobre fuerza en un régimen de justicia selectiva.

En Michoacán, la sospecha de complicidad con el crimen organizado del gobierno de Fausto Vallejo no solo se refiere a la situación de la entidad, sino a su origen, la elección de gobernador, comicios que se definieron por una ventaja menor a 2.5% de los votos. Las encuestas previas a la elección coincidían en que la disputa se daría entre Fausto Vallejo y Luisa María Calderón. 

Los estudios del diario Reforma y los de GCE daban ganadora a la segunda, otras encuestas al primero. Los números de los municipios de la zona templaria, muestran un comportamiento claramente atípico respecto a la elección de gobernador precedente, incluso en relación a la federal de 2012. Fuera de dichos territorios los cambios son menos abruptos.

Los votos en Lázaro Cárdenas y Apatzingán son muestra de botón. En 2007, en Cárdenas el PRI obtuvo 6 mil 114 votos, con Fausto como gobernador, 21 mil 847. En Apatzingán, otro de los santuarios de los Templarios, en la elección de gobernador precedente el tricolor tuvo 8 mil 212 votos, seis años después, Fausto 23 mil 110. 

Los incrementos son desproporcionados respecto al resto del estado y no se repiten en la elección federal. Los votos que resultan de la diferencias entre las dos elecciones, en cuatro municipios bajo control de los Templarios (Cárdenas, Apatzingán, Zacapu y Zamora) son mayores a la ventaja que obtuvo Fausto en todo el Estado. El resultado se decidió en cuatro municipios templarios que representan 13% del electorado.

La legalidad y la razón corren por caminos aparte. En un país donde la impunidad es la constante, particularmente en la política, la detención o el inicio de proceso penal es suficiente para que la opinión pública llegue a la conclusión de culpa. Este prejuicio con frecuencia es alentado por la opinión publicada, con frecuencia con ligereza. Sin embargo, antes y ahora, por la penetración y dominio de los grupos criminales en Michoacán, es impensable que esto ocurra sin alto grado de complicidad de las autoridades municipales y estatales. Por esta consideración, política, la detención y presunta responsabilidad del secretario de Gobierno y ex coordinador de Campaña, alcanza al que lo empoderó.

Las autoridades federales no la hubieran emprendido contra el funcionario si no tuvieran elementos fehacientes más allá de la sospecha o la conjetura. La detención y, eventualmente, el inicio del proceso penal ocurren con pruebas. En el gobierno anterior, en el llamado michoacanazo se inició acción legal contra múltiples funcionarios municipales electos a partir de indicios que en el curso probaron ser frágiles y llevaron a una de las derrotas más severas en la lucha legal contra el crimen organizado. 

¿Culpables o inocentes los funcionarios detenidos y luego liberados? No se sabrá, lo que sí quedó acreditado fue la ineficacia de la PGR. Entonces, la voluntad presidencial de luchar a fondo contra el crimen organizado y, en especial, la complicidad de autoridades municipales y locales quedó comprometida por la incapacidad e indolencia de la fiscalía nacional.

Lo que se advierte ahora es distinto, no son palos de ciego, sino una acción soportada por evidencias. No está sustentada en el rumor o los testimonios de dudosos testigos protegidos. El procurador Murillo Karam ha señalado que existen muchas evidencias sobre reuniones que sostuvo el ex secretario de Gobierno del estado de Michoacán con el actual líder máximo de la organización criminal Los caballeros templarios, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta.

También se ha dicho que cuando los elementos de la Marina acorralaban al líder de Los caballeros templarios, Enrique Kike Plancarte, en Colón, Querétaro, en la desesperación por la inminencia de la detención, realizó una llamada por su teléfono móvil con la esperanza de obtener apoyo y así escapar de los marinos, habló ni más ni menos con Jesús Reyna, secretario de Gobierno de Michoacán. Esta llamada, interceptada por agentes de inteligencia, es una de las evidencias del nexo del detenido con el crimen organizado.

En este caso, la suerte de lo accesorio definirá la del principal. El inicio formal del proceso penal vuelve insostenible la gubernatura de Fausto Vallejo. Rescatar Michoacán significa aplicar la ley sin distinción y llegar tan lejos como lo reclame la justicia. Sin condenas anticipadas hay que subrayar que la responsabilidad política también juega su parte. Lección necesaria ahora y siempre.