23 de Octubre de 2018

Opinión

Tantito fraude

En una suerte de truco de alquimia electorera, los votos nulos no son tan nulos a la hora de contarlos.

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En México el fraude electoral es legal.

No estoy siendo metafórico, no interpreto, no saco conclusiones, no intento un ingenioso juego de palabras o conceptual y, créame Ud., no exagero.

En México la ley acepta que se haga fraude en las urnas -cosas como votar sin credencial ni estar en el padrón, votar por otro, obligar a alguien a votar por un partido- siempre y cuando se haga en pequeña escala-.

Algo así como que se permitiera a los bancos perder dinero de los ahorradores, mientras sea poquito cada mes. Me explico. La ley establece que en caso de comprobarse alguna de estas irregularidades en una casilla el resultado de ésta se anulará. Legalmente no se puede hacer otra cosa porque es casi siempre imposible saber en qué sentido se emitieron los votos falsos.

Sin embargo, se establece una condicionante: que el número de votos fraudulentos sea “determinante” para el resultado de la elección.

Como lo de “determinante” parece ambiguo, los tribunales lo definieron tras sucesivos pleitos electorales. Se decidió que el fraude es determinante si el número de votos ilegales es mayor que la diferencia de votos entre el ganador de la casilla y el segundo lugar. O sea, la casilla se anula si el número de sufragios falsos es suficiente para permitir ocupar el primer lugar a quien haya quedado en segundo.

Suena lógico, pues no tiene caso tirar una elección si el resultado final no cambia. Sólo hay un pequeño problema: en una casilla no se elige nada, de forma tal que los votos falsos ya admitidos cuentan para la elección en su conjunto. Esto es así aun cuando sumados pudieran alterar el resultado final de la misma.

En la práctica esto ocurre en muchas, si no en todas, las elecciones cerradas del país. Los votos falsos así contabilizados no sólo definen elecciones y autoridades electas sino que, al ser legalmente tolerados, alientan las prácticas fraudulentas.

Esta situación ha prevalecido por más de dos décadas, sin que los partidos la combatan. Consistentemente, entre las propuestas de reforma electoral -ahí donde se asienta el reclamo de algunos legisladores de eternizarse en el cargo- no encuentro la demanda de cambiar la ley y transitar a la democracia haciendo ilegal cualquier fraude electoral.

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