Manlio Fabio Beltrones hizo, en días pasados, un planteamiento de reforma al sistema político, aceptando la premisa de que el actual, intacto en lo fundamental desde los tiempos del PRI como partido hegemónico, está agotado. Propone establecer las coaliciones obligatorias para presidentes electos con menos del 42% de la votación, con el consecuente requisito de aprobación del gabinete por el Congreso. No se trata de transitar a un sistema parlamentario, afirmó, sino de fortalecer la gobernabilidad del presidencialismo mexicano.

Llama la atención que, siendo éste un asunto observado y comentado desde la política, la academia y los medios al menos desde 2001, no haya sido objeto de atención de Beltrones ni durante los doce de estos quince años en que fue integrante del Congreso, en posiciones de máxima capacidad de decisión, ni durante su sustancial paso por la presidencia del PRI. Pero aun obviando esta circunstancia, accediendo a juzgar su planteamiento por sus propios méritos, se observa que éstos son pocos. El más importante defecto de la propuesta es su contradicción general. El sistema político está agotado. Y lo que está agotado en él es justamente el presidencialismo. La pluralidad de la sociedad mexicana no puede lograr elecciones mayoritarias de presidentes. Mantener la concentración de las capacidades gobernantes en una persona electa para un período fijo y sin sujeción a la representación popular, presente en el Congreso, es una fuente de ilegitimidad política. El sistema político sólo puede superar su agotamiento a partir de gobiernos con apoyo electoral mayoritario, en consecuencia pluripartidista.

En cuanto a sus particularidades, la propuesta de hacer obligatorias las coaliciones si el candidato presidencial no logra el 42% de los votos revela tres errores legales inadmisibles en un veterano jerarca legislativo: 1. la ley impide que un partido tenga más del 50% de los diputados con menos que ese 42%, pero de ninguna manera garantiza al que lo obtenga dicha mayoría. 2. La proporción de votos obtenida por un candidato presidencial (42, 50 ó 65%) no tiene ninguna repercusión en la elección de diputados. Fox, por ejemplo, obtuvo un porcentaje de votos muy superior a los de sus correligionarios candidatos a diputados, quedando así con minoría legislativa. Lo mismo estuvo a punto de ocurrirle a López en 2006. 3. El resultado de la elección presidencial no garantiza nada en relación con la elección intermedia de diputados, de forma que un electo con más del 42% de los votos no tiene ninguna garantía de lograr mayoría en la elección de éstos, tres años después de la propia.

A lo que Beltrones no se resigna es a que las elecciones, más que el espacio de disputa de algunos contendientes por alcanzar el poder, son la medición de la fuerza ciudadana de cada opción política. La necesidad de que el gobernante cuente con el respaldo de la mayoría de los electores es de la sociedad en su conjunto. No se trata de establecer mínimos para que los aspirantes tengan justo derecho al premio, sino de garantizar el consenso social en las acciones de gobierno.