Perturbadoras y contrastantes fueron las imágenes del operativo en el albergue La Gran Familia por el ostensible despliegue militar.

Perturbadoras porque se asocian al combate contra la narcodelincuencia, contrastantes porque fue una diligencia judicial en un inmueble repleto de…  niños.

No se trataba de La Tuta, le comenté ayer al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

“Oiga usted: en Michoacán es el Ejército quien tiene a su cargo la seguridad pública. ¿O se le olvida lo que ha sido Michoacán? Y ni un solo soldado ingresó”, me respondió.

Pues… sí, pensé: inimaginable lo que habría sucedido con una estampida, una provocación criminal o con un menor que resultara lastimado. De no ser militares y policías federales para el acordonamiento del área, ni modo que la seguridad corriera a cargo de la policía municipal o de las autodefensas.

Y si, como bien puede ser, Mamá Rosa es ajena a los probables delitos atroces que se cometieron en el albergue, ni su internacional fama de santa debe frenar la procuración de justicia contra el abuso sexual de menores.