Ahora que una corte texana acusa al exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington de crimen organizado y lavado de dinero es evidente que la premisa de plata o plomo toma dimensiones de miedo por la penetración de las mafias en el financiamiento político-electoral en el país, como definen académicos en el libro Relaciones peligrosas. Coordinado por Kevin Casas-Morales, secretario de Asuntos Políticos de la OEA, el libro revela la forma en que la delincuencia organizada financia a partidos y funcionarios para luego cobrarles los favores.

Durante la presentación del volumen en Washington, Eric Olson, director asociado del Programa para América Latina del Woodrow Wilson International Center for Scholars, dijo que los grupos criminales saben que influenciar una elección federal es algo muy complicado y que los blancos más fáciles de comprar son las autoridades locales. Asegura que hay dos formas en que el crimen organizado financia políticos: da dinero o paga productos “de manera que no entran en contabilidades oficiales”. Según Olson, México tiene el sistema electoral de controles financieros más sofisticado de América Latina, con reglas sobre las contribuciones privadas a campañas y partidos políticos, así como el origen de recursos públicos para el proselitismo. Aunque, por lo que vemos, los hechos prueban que no importa que existan esos mecanismos.

Harold Trinkunas, director del programa para América Latina de Brookings, dijo que el hecho de que ahora estamos viendo a la primera generación de latinoamericanos que ha crecido con un “marco normal de democracia”, obliga a poner mayor atención al manejo de las políticas financieras en los sistemas electorales.

Los avances democráticos, dice Trinkunas, coinciden con el crecimiento del crimen organizado en la región y al estudiar la intersección del financiamiento electoral con el crimen organizado se ven ya impactos de gran escala y magnitud.

Y cierra Casas-Zamora: “un jefe del narco no es el típico donante para una causa política. Este criminal ejerce un poder anormal para doblegar voluntades (...) Así que los códigos normales de interacción entre donantes y políticos no se aplica cuando entra en escena el crimen organizado. No hay simplemente espacio para que un político que obtiene dinero del crimen organizado ejerza autonomía; para, por decirlo de una forma: tomar el dinero y salirse con la suya”.