Contender en una elección cuesta dinero y las campañas electorales son cada día más caras. Hay que contar con recursos para establecer una oficina de campaña, contratar personal, hacer la votación, transmitir el mensaje de campaña, y el candidato debe viajar y conocer a los electores. 

Puesto que las elecciones son tan caras, y dado que los estudios sugieren que los ganadores son quienes gastan la mayor cantidad de dinero, los partidos políticos y los candidatos pueden verse obligados a dedicar muchos esfuerzos a recaudar fondos. La forma en que se financian las campañas y lo que los candidatos y partidos políticos hacen con los fondos puede ser fuente de muchos problemas de integridad.

La corrupción y los abusos relacionados con el financiamiento de las elecciones y los partidos políticos están entre los peligros más comunes que las democracias actuales deben enfrentar.

La transparencia del proceso de financiamiento, exige poner a disposición del público la información referente a las donaciones y los gastos. Se debe asegurar que los candidatos para elecciones no estén comprometidos con un grupo pequeño de personas. 

El financiamiento de los partidos políticos, independientemente del origen de los fondos, debe sujetarse a determinados principios: publicidad en la contabilidad y en el origen de los fondos, austeridad, legalidad, igualdad de oportunidades entre los participantes, el respeto de los derechos de los partidarios para conocer el monto y la fuente del financiamiento y la garantía de libertad e igualdad entre los distintos grupos políticos.

La austeridad en los gastos, con campañas racionales de plazos cortos y con igualdad de oportunidades entre los contendientes, constituye otro importante principio que debe respetarse para que el proceso electoral no se convierta en derroche irresponsable de dinero, con gastos exagerados e innecesarios.

Además de la contribución del Estado, los partidos políticos se financiarán por las cotizaciones ordinarias o extraordinarias que efectúen sus afiliados, por las donaciones, por las asignaciones testamentarias y por los frutos o productos de los bienes de patrimonio. 

En efecto cuando el Estado no financia a los partidos políticos se abre una posibilidad todavía más peligrosa: el dinero ilícito, proveniente del narcotráfico o de otras fuentes igualmente nocivas. 

Mantener la democracia tiene un precio; las contribuciones del Estado para los procesos electorales de carácter interno de los partidos políticos, resultan a largo plazo más convenientes que otras aparentemente menos costosas, pero de alto riesgo para la estabilidad y legitimidad democráticas.

Para recibir el aporte del Estado a los partidos se les obliga a comprobar sus gastos, aportando las pruebas fehacientes que los justifiquen, ante el organismo electoral. En caso contrario, no se les entregará el monto correspondiente. Cuando la suma aceptada por el organismo electoral es inferior a la suma que le correspondería a un partido, éste sólo tendrá derecho a percibir como contribución del Estado la cantidad que el organismo electoral estime como efectivamente gastada en su campaña electoral.