En un contexto amplio, lograr un resultado infringiendo de forma inmoral las reglas establecidas para obtener ventajas, dentro de un marco establecido de competencia, se conoce popularmente como “hacer trampa”. 

En la mexicanidad contemporánea de dichos y refranes, es reprobable hacer chafa, pero lo que no tiene madre es que sorprendan al infractor. 

En un alarde desvergonzado del que se cree muy inteligente y está acostumbrado a salirse con la suya cueste lo que cueste, hay políticos que proclaman, evidenciando la falacia de su argumento,  que al fin de cuentas “todos hacen trampa”, y sin dar mengua a su pobreza de civismo, concluyen: ¡Además, de no hacerlo así, sería impensable obtener el triunfo! Vaya cosa. 

Hoy sabemos que “por graves irregularidades en la comprobación de sus gastos ordinarios, de precampaña y campaña electoral 2011 y 2012”, el Consejo General del Ipepac hará efectivas multas correspondientes a ocho partidos políticos por $9,285,000.00. 

Y claro, como los mexicanos mantenemos a estos sinvergüenzas y no se pueden quedar sin dinero para seguir haciendo irregularidades, “se hará una planificación para descontárselos”. 

Cualquiera pensaría -como sucede a las personas decentes que se complican con el IMSS o el SAT- que los partidos infractores deberían estar sujetos a proceso para devolver la cantidad defraudada, más multas y actualizaciones y en última instancia embargados sus bienes, a satisfacción. 

Caso particular el del Partido Social Demócrata, que se robó el dinero, perdió su registro en julio 2011 y ya no hay a quién cobrarle. 

Y así, como Peña Nieto le condona dinero propiedad de los mexicanos a Cuba, el Ipepac hace lo mismo con los transas.

Estas instancias políticas tramposas son las únicas autorizadas legalmente para  proponer candidatos a puestos populares.  
Pareciera ser que como todos infringen la misma norma y cometen el mismo delito electoral existiera contubernio  entre ellos para justificar su reprobable actitud. 

El ciudadano sabe muy bien qué clase de personas pueden gobernar cuando emanan de institutos políticos proclives  a no respetar los acuerdos establecidos y votados, proponiendo basar la moral, la ética y la costumbre en sus pillerías.

Total, veremos si el organismo autónomo acomoda las multas a los transgresores.

 ¡Vaya biem!