Esta columna la podré reescribir letra por letra dentro de tres, seis o diez meses y será de absoluta actualidad aunque, eso sí, un tanto repetitiva. Bastará con que ocurra otra de esas tragedias estúpidas que acontecen constantemente en un país que no aprende todavía a cuidar a sus ciudadanos y en el que la vida humana, por lo visto, no es lo suficientemente valorada.

Esos pesos pesados y esos desvencijados camiones que circulan alocadamente por nuestras carreteras, ¿no pueden ser controlados? ¿No hay manera de que se les aparezca por ahí un coche de la Policía Federal y de que los multe, una y otra vez, hasta que aprendan a respetar los límites de velocidad? ¿Todo tiene que ser corrupción? ¿Es más importante el consentimiento de la dejadez y la imprudencia —como prácticas habituales de un negocio, el del transporte, que, miren ustedes, no hay manera de regularlo— que la prevención, a punta de medidas estrictas y concretas, de espantosas calamidades donde mueren personas perfectamente inocentes? 

¿Qué importa más, en esta maldita nación, la vida de la gente o esa facultad que tienen ciertas empresas de operar, a su antojo, camiones sobrecargados conducidos, encima, por rústicos imprudentes? ¿Cuántos accidentes más habrán de ser provocados por el camionero insensato que maneja un vehículo de grandes dimensiones, convertido en una auténtica arma destructiva cuando se sale fuera de control?

Pero esto, lo de los accidentes acaecidos por la criminal irresponsabilidad de quienes desprecian soberanamente los derechos de los demás, no es otra cosa que una simple manifestación, una de tantas, de las profundas resquebrajaduras del aparato de administración de los diferentes gobiernos en estos pagos. En algún momento, nuestras autoridades suprimieron pura y simplemente los puestos de control donde los camiones debían ser inspeccionados.

Resolvieron así, a su manera, un añejo problema de corrupción. Un observador externo de la realidad mexicana no detectaría, a botepronto, la relación directa que existe entre una cosa y la otra. Es decir, no entendería esa trasmutación automática de la regulación de una actividad productiva en un trance de extorsión pura y simple. Pero, así las gastamos, aquí en México.

Cualquier proceso de inspección o de control deviene inmediatamente en una oportunidad para ganar dinero a costa de unos ciudadanos obligados, en un primer momento, a afrontar los trámites impuestos por las reglamentaciones y, luego de no pasar la prueba, a untar la mano del inspector de turno. Mientras más embrollado sea el proceso, más oportunidad habrá de “facilitarlo” mediante el correspondiente soborno. Ahora bien, la corrupción afecta a muchos mexicanos de bien pero hay gente que se beneficia directamente de este perverso modelo: lo aprovecha para no cumplir, para no hacer las cosas adecuadamente, para no sujetarse a las normas y para evitarse gastos que serían totalmente ineludibles si las regulaciones fueran para servir los intereses públicos en vez de procurar los provechos de burócratas deshonestos.

Los transportistas, sin embargo, también se quejan: la subida del precio de los combustibles les está afectando y las constantes extorsiones de la Policía Federal reducen grandemente sus márgenes de ganancia. Y los propios camioneros, obligados por los propietarios, trabajan en unas condiciones que no garantizan una mínima seguridad en las carreteras. ¿Por dónde comenzamos, entonces? Sabemos que hay que limpiar la casa pero cuando comienzas a meter las narices en el problema te das cuenta de que las soluciones son tremendamente complicadas.

La tragedia de Ecatepec es apenas una parte visible del tema en lo que tiene de impresionante y aterradora. Pero las cifras de los muertos en muchos otros sucesos también debieran pintar un cuadro inquietante.

Luis González de Alba ha consignado machaconamente, una y otra vez, la alarmante situación del transporte público en Guadalajara: choferes que se disputan el pasaje trabajando contra reloj provocan terribles accidentes de los que no nos enteramos siquiera (y que ocurren también en muchas otras ciudades de la República). 

Pero, pareciera que no hay nada que hacer y que esta cuota diaria de sangre inocente es una especie de fatalidad a la que los ciudadanos tenemos que resignarnos. Nos queda muy claro que hay intereses que no se tocan. Y, mientras tanto, que sigan muriendo los mexicanos. El parte de bajas, por cierto, es como el de una guerra.