Una muestra de cómo la inversión en la industria puede amenazar insistentemente el ecosistema en nombre del turismo, revive en la otra península, Baja California Sur, tema que por supuesto tiene eco en la de Yucatán, por futuros desarrollos aquí. O por experiencias locales poco positivas que ya cobran o pronto lo harán, factura en el medio ambiente.

En el otro extremo de México, el poder del dinero y el cabildeo empuja Cabo Dorado que sustituye a un anterior megaproyecto, Cabo Cortés, tumbado por protestas ambientalistas en el sexenio anterior.

Ahora, de nuevo, Organizaciones No gubernamentales y especialistas sacan a la luz las irregularidades y posibles impactos ambientales y sociales del proyecto revelando “las falsedades y omisiones de la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por el promotor.”

Los desarrolladores del proyecto turístico más grande a nivel nacional, prometen empleos en la zona pero no dicen que se quedarán con la poca agua disponible para abastecer a todas las comunidades de la región; hablan de desarrollo pero no reconocen que el complejo propuesto impactará la reserva marina del Parque Nacional Cabo Pulmo (PNCP) y con ello la actividad pesquera de la zona.

Esta es parte de la información fundamental que debe considerar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de realizar una evaluación objetiva de los impactos ambientales negativos que traerá este nuevo proyecto impulsado por La Rivera Desarrollos y negar el permiso para la construcción de este complejo de 22 mil 503 cuartos de hotel, cuya demanda de servicios pone en riesgo la subsistencia de las comunidades.

Las organizaciones Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Costa Salvaje, Defensa Ambiental del Noroeste, Greenpeace y el Grupo de los 100, presentaron los argumentos técnicos y científicos recabados por especialistas para solicitar a las autoridades ambientales federales negar el permiso de impacto ambiental, para la construcción de este complejo en la zona de Cabo del Este.

Este proyecto crearía un nuevo asentamiento urbano de alrededor de 440 mil habitantes cuya demanda de agua sería de 50 millones de metros cúbicos anuales, por lo que pondría en grave riesgo la seguridad hídrica de los habitantes de Baja California Sur. Asimismo pone en riesgo al arrecife de Cabo Pulmo considerado como Patrimonio Mundial por la Unesco y humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar y no se considera el abasto de agua de las poblaciones que se generen.

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