Los empresarios están alzando la voz para garantizar la seguridad en los destinos de Quintana Roo, promover sus atractivos asegurando la ocupación de su inventario hotelero, mantener las playas y revocar el decreto que rige a la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC). 

El fin es mantener la competitividad en el mapa turístico mundial y que al estado no le ocurra lo mismo que a otros (como Acapulco), en un contexto de creciente competencia en el Caribe debido al surgimiento de mercados atractivos (como Cuba), así como por el ajuste de tarifas convenientes para turistas norteamericanos y europeos en Las Antillas. 

Es la primera ocasión, después de varios años, en que ya no “piden”, sino “exigen”, en una transición de gobierno; porque dirigentes y miembros distinguidos de ciertas agrupaciones ya se han reunido con candidatos para que atiendan y resuelvan las problemáticas del destino, y encaren juntos los desafíos a la vista.

La semana pasada cité en este espacio un documento que le mandaron a los políticos en carrera líderes de la Acluvaq, el CCEC, la Canaco, la Canirac, la AMMJE y otras, bajo el argumento de que, si trabajaran esos 18 proyectos que contiene el pliego, blindarían la actividad y con ello la multimillonaria inversión que representan unos 90 mil cuartos de hotel en la entidad.

Llama la atención la solicitud urgente de reestructurar y modernizar el fideicomiso de promoción turística -mejor conocido como OVC- a fin de que cuente con autonomía técnica y financiera, trabaje en nuevas estrategias de marketing y los empresarios tengan voto, además de voz.

Para ello proponen incluso la creación de un nuevo ente, luego de que desde 2013 los recursos del 3% del Impuesto al Hospedaje no han fluido como debieran, por lo cual, podría suponerse, el organismo se ha convertido en una especie de “caja chica”, aun cuando el gravamen debe utilizarse al 100 por ciento para promoción y/o relaciones públicas.

Junto a ese, otros temas ya están haciendo eco: pretenden revisar los impuestos que pagan y no se han traducido en una mejoría en la competitividad, como el 2% sobre Nómina, el cobro de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y la comprobación del 20% que se otorga a los municipios para obras de infraestructura turística. Lo mismo con la basura y otros compromisos que consideran incluso discrecionales.

Portavoces del Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación de Cámaras Empresariales han solicitado derogar la figura del “deudor solidario” que impacta desfavorablemente a centenares de empresarios, pues resulta “ilógico, injusto e inconstitucional”, dicen ellos, que deban pagar los adeudos que deje un inquilino.

De manera específica cada sector ha aprovechado las reuniones con los aspirantes para exponer su objetivo particular y pedir se actúe en consecuencia. No es una arremetida ambiciosa como pudiera pensarse; por el contrario, es un acto consciente, valiente, justificado en tiempo y forma de quienes apuestan sus patrimonios pese a crisis o contingencias. Visto así, es justicia pura.

Esta semana será decisiva para conocer la fuerza de un sector clave en el progreso y hasta dónde podrán comprometerse quienes buscan gobernar durante los próximos años. Por lo visto, las palabras ya no les bastan a los hombres del dinero.

Desorbitado

Una de las propuestas a largo plazo asombra a todos: un tren que conecte el norte y el sur. No se trata sólo de movilidad, también de integración y calidad de vida. Para ello sería necesario irrumpir en la reserva territorial de la mitad del estado. Habrá tema y polémica.