Dos hechos combinados: la liberación ayer “por falta de elementos para procesar” de la mayoría de quienes fueron consignados por su probable responsabilidad en el vandalismo de hace dos sábados, y el anuncio previo de que la Procuraduría capitalina no impugnará la resolución de la juez 47 penal (María del Carmen Mora Brito), confirman lo que puede no ser justa, pero sí muy explicable concertación entre los poderes Ejecutivo y Judicial del DF con el nuevo gobierno federal.

Es lo que, con ganas de comprender, se antoja una inteligente “decisión de Estado”, tanto para despresurizar las inconformidades (legítimas o artificiales), como para desfondar lo que hiede a un plan deliberado para convertir la ponzoñosa anécdota del 1 de diciembre de 2012 en la tragedia nacional del 2 de octubre de 1968.

Cuidadosa en los términos jurídicos, la Comisión de Derechos Humanos local, en su informe “preliminar” del jueves, afirmó haber documentado 22 casos de personas “detenidas arbitrariamente”, pero escamoteó el dato clave de que solo 2 de ellas fueron puestas a disposición del MP (y acabaron siendo consignadas). Denunció asimismo cuatro casos de “tortura”, callando también el hecho de que ninguno de los presuntos afectados tuvo siquiera que hacer una declaración ministerial.

Quedarán en el olvido los 20 policías de la Secretaría de Seguridad Pública del DF que tuvieron que recibir atención en el hospital Álvaro Obregón; seis más en el Mocel y cuatro en el del Estado Mayor Presidencial, 30 en total: 24 con lastimaduras que tardan en sanar menos de 15 días, y el resto con lesiones (fractura de nariz, esguince cervical…) para cuya cura pueden transcurrir hasta dos meses.

Entre los “argumentos” de quienes, sin esperar a que transcurrieran los plazos de ley para que las autoridades implicadas pudieran hacer su trabajo, condenaron tanto las detenciones iniciales como las consignaciones, sobresale la tontería de suponer que las acusaciones, en todos los casos, debieron ser avaladas con fotografías o videos donde se viera a los probables vándalos (como si los delitos en todos los tiempos y en todo el mundo se cometieran ante las cámaras).

Llaman también la atención los que imaginan complicidades entre oficiantes del periodismo y las policías federal y defeñas (SSP y Ministerial), como se le ocurrió a Epigmenio Ibarra, al señalar a Ciro Gómez-Leyva y al autor de estas líneas de comportarse como “fiscales” y no estar “frente al poder sino a su servicio”, y todo porque, entre los videos que la Procuraduría del DF entregó a la jueza, estaban imágenes que MILENIO Televisión difundió sobre los ataques y enfrentamientos.

O qué decir del texto que el mismo vecino de páginas propinó el viernes contra Joaquín López-Dóriga y Marín, porque del primero se puso el saco de que hay a quienes les “urge” un muerto y, del segundo, por calificar de “patraña” su patrañesco tuit de que ya había uno.

Los demenciales ataques de aquel sábado, por fortuna, quedaron en el anecdotario.