En el orden de varias décadas el país ha cambiado, y mucho. En algunos aspectos para bien, en otros para mal, particularmente la violencia y la inseguridad, herida profunda que no se ha podido resolver porque se insiste en combatirlas por los efectos y no por las causas. Mucho abonaría a la solución pensar en el sistema de justicia criminal en su conjunto. La impunidad es la constante en todas sus expresiones y su prima hermana, la corrupción, se exhibe sin pudor en el accidentado encuentro de la sociedad con el poder público. Ser un país de leyes es el desafío mayor.

Lo mejor alcanzado en las décadas recientes ha sido el régimen de libertades y la democracia electoral. Imperfectos, pero de significada importancia. Un cambio sin héroes, batallas, pactos o rupturas fundacionales. Es un producto del reformismo y de allí sus limitaciones. La realidad es que los votos cuentan; también que los partidos y la clase política usufructúa en su beneficio el espacio generoso que le ha concedido la democracia y que los comicios han dado lugar a una  muy costosa burocracia.

En la lógica de las razones se equivoca el padre del normalista asesinado al señalar que no habrá elecciones si no regresan con vida los muchachos. Precisamente, la gravedad de los problemas que enfrenta Guerrero son los que obligan a que haya elecciones, que sean los votos y no los gritos y pintas los que resuelvan quién y cómo gobierna. Es paradójico que las pulsiones autoritarias vengan de los más pobres y oprimidos. Nada se gana violentando a autoridades o ciudadanos, tampoco provocando a las fuerzas militares, como ha ocurrido en estos días en Iguala. Los vándalos de la Ceteg provocan a los soldados en el afán de llevar la situación a una circunstancia extrema en sus peligrosas fantasías revolucionarias.

Las elecciones importan y mucho porque es la manera más razonable de conciliar y resolver lo que la sociedad demanda y lo que el gobierno hace. El calendario electoral muestra que a pesar de los avances los instrumentos se definen más por la desconfianza entre los partidos que para garantizar derechos a los ciudadanos. El 15 de enero vence el plazo para la reposición de las credenciales de elector, cinco meses antes de la elección. Son los términos de ley, definidos a costa de los votantes. Y así otras cosas más. Lo cierto es que los electores estarán el primer domingo de junio para renovar diputados federales y elegir en 17 entidades autoridades locales.

La democracia representativa hace de los partidos intermediarios insustituibles. A pesar de que ahora existen candidatos independientes, su presencia será menor en los procesos locales y federales, como sucede en casi todas las democracias. Los tres partidos están maltrechos. Los otros no dan mucho de que hablar, excepto del PVEM por su estrategia publicitaria. De los nuevos, el partido de López Obrador es más expectativa que realidad. Todo por ver, mucho más cuando no habrá alianzas, excepto la del PRI con el PVEM.

El partido menos golpeado por la circunstancia es el PAN. Aunque los estudios no son concluyentes, se anticipa que el PAN podría tener un buen año; peor, considerablemente peor, para el PRD. Sin embargo, en general la elección no será de partidos y proyectos nacionales, sino la suma de dinámicas locales derivadas de la elección de gobernadores, alcaldes y delegados, cargos mucho más relevantes para el electorado que el de diputado federal. En las elecciones locales se recomponen las alianzas y éstas, como sucedió en los comicios pasados de Baja California, pueden ser definitorios del resultado. De cualquier manera, el PRD ha anticipado que no acompañará al PAN en elección alguna.

A mayor participación los candidatos y sus campañas son determinantes del resultado; la baja participación abre espacio a las maquinarias territoriales de los partidos. Lo ilustran los resultados de Tepic, donde prevaleció el PAN con ventaja y Coahuila, donde el PRI gana en todos los distritos. Ese último será el juego de 40% del territorio, otro 60% será el de las elecciones concurrentes con candidatos en disputa para ganar el voto.

Guerrero y Michoacán revisten la mayor importancia por el desafío que plantea la situación en dichas entidades de que los comicios tengan lugar en condiciones de normalidad. Lo de menos es quien gane; lo más, que la gente salga a votar. Los vándalos de Guerrero, al amparo del justo agravio por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa pretenderán impedir el desarrollo normal de las elecciones y las campañas; un reto para todos, no solo para el INE, las autoridades y los partidos.

Michoacán ofrece mejores condiciones, pero hay zonas críticas. Sin embargo, el problema no se limita a los comicios, sino a la presencia del crimen organizado en la definición de candidatos y financiamiento de campañas.