Los prohombres que tan ponderadamente legislan en nuestro Congreso bicameral se sienten muy agobiados de tener que promulgar, al vapor, un montón de leyes secundarias. Fueron ellos mismos quienes primeramente le atizaron morrocotudas modificaciones a doña Constitución, amablemente instados por el jefe del Ejecutivo. Pero ahora, en plena resaca tras la fiesta reformadora, como que ya no parecen muy convencidos de completar debidamente la tarea. Y, además, ya no hay Pacto por México.

Todo parecía ir muy bien pero aparecieron por ahí algunos asuntillos —esencialmente, la historia de una empresa llamada Oceanografía especializada en celebrar oscuros contratos con santa Pemex y el estrepitoso fracaso, evidenciado por los organismos federales de fiscalización, de una colosal obra pública realizada por el supremo Gobierno de la capital— que, si bien merecían, ambos temas, la actuación de oficio de las correspondientes autoridades, parecían llevar dedicatoria: el escándalo del antedicho proveedor de la paraestatal involucraba, según parece, a distinguidos miembros del Partido Acción Nacional y lo otro, aunque la evidencia es del tamaño de una casa (simplemente, los trenes de la línea de Metro construida dejaron de circular), también se interpretó, aunque en menor medida, como una suerte de ofensiva contra un sector de la izquierda autóctona.

Por si fuera poco, hubo fallas de origen en la propia tramitación de las reformas constitucionales: nuestra derecha no estaba de acuerdo con la propuesta impositiva planteada por el presidente Peña (algunos comentaristas, entre los que me cuento, percibimos cierto propósito de complacer al PRD implementando una reforma fiscal que el mismo partido del sol azteca hubiera podido suscribir) —y, justamente, la iniciativa presidencial logró traspasar el filtro legislativo gracias al apoyo de los perredistas— mientras que la madre de todas las reformas, la energética, mereció, desde el momento mismo en que fue planteada, el repudio de nuestra izquierda, expresado, sin ambages, con apreciaciones que iban desde la “entrega de la soberanía nacional” hasta la mismísima “traición a la patria” con lo cual, en este caso, quienes colaboraron para que la propuesta llegara a buen puerto fueron los panistas.

Tenemos, luego entonces, el siguiente panorama: los partidos de oposición, de uno y otro bando, se han sentido traicionados; fue muy alto el costo de negociar dos reformas tan cuestionadas, en su momento, por cada uno de los socios; y, en tercer lugar, el contenido de las leyes y los reglamentos está siendo objetado porque, en la visión de los legisladores del PAN y el PRD, no sólo difiere de la propuesta original sino que contradice a la mismísima Constitución. El atorón, creo yo, es mayúsculo.