En un país con millones de mexicanos que sufren la pobreza más extrema y con una enorme inequidad en la distribución de la riqueza, los programas gubernamentales de asistencia o de subsidio son  de implementación obligatoria. Ello desde una perspectiva humanista  y solidaria de “llevar entre todos las cargas de todos”.

Para que estos programas cumplan su función sin desviaciones populistas deben tener reglas de operación claras y de cumplimiento verificable; ser conceptualizados como transitorios en tanto que lo que se busca no es la dependencia que mata la iniciativa de las personas, por ello deben ser complementados con programas de desarrollo social; no estar sujetos a condicionamientos que atenten contra la dignidad del ser humano. A mi juicio, deben exigir de los beneficiarios  alguna corresponsabilidad social -que muchas veces ha faltado en este tipo de programas- sin la confusión del manejo corporativo-partidista.

De allí que la declaración de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, de retirar del programa Oportunidades a las mujeres indígenas que tengan muchos hijos haya causado tanto rechazo. Afirma la funcionaria que todo fue una mala interpretación o un desliz discursivo, pero al revisar sus dichos no queda duda de sus expresiones. 

Hace bien en rectificar y esperemos que todo quede en un mal discurso, pero no está de más recordar que una política de natalidad no puede basarse en el desprecio  a la libertad del ser humano, sea cual fuere su condición económica o social. En contrario, el siguiente paso sería la esterilización obligatoria de los más marginados con el pretexto de que vivan mejor.

No es mojigatería o concepción religiosa. La solución es la educación sexual y la planificación familiar informada no  la penalización de las familias con muchos hijos por grave que sea el problema.