Ahora que Luis Raúl González Pérez ha vuelto a un puesto de notoriedad pública en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y dadas las circunstancias actuales del país, vale la pena recordar el trabajo que hizo como subprocurador especial para el caso Colosio a partir de agosto de 1996, después de que tres fiscales habían logrado que reinara la desconfianza y la confusión alrededor del asesinato del ex candidato del PRI en 1994.

Revisar aquellas miles de páginas, videos y fotografías es una buena dosis para recordar lo que es posible en estos tiempos de desesperanza. Luis Raúl y su equipo tomaron cada rumor, cada especulación, cada acusación por disparatada que hubiera sido, cada paso que habían dado los fiscales anteriores en el caso Colosio, lo trataron con mucha seriedad y dieron una respuesta sólida, inatacable.

Creo que hasta hoy la procuraduría de Murillo Karam ha hecho un buen trabajo alrededor del caso Iguala. Ha dado explicaciones públicas que no tuvimos en todo el sexenio pasado frente a sucesos similares; hoy está detenida la mayoría y los principales responsables, cosa que en México no es lo habitual.

El asunto, sin embargo, entraña una fatalidad: si lo que hasta hoy sabemos es cierto, la petición de los padres de los normalistas es imposible de cumplir. Ni con la ayuda de los austriacos ni de nadie más se podrá certificar científicamente que los restos de los 43 terminaron en el basurero de Cocula o en el río San Juan. El trabajo de los asesinos para desaparecer la evidencia fue, según su propia descripción, brutal.

Y por eso es que el completo y minucioso esclarecimiento de las circunstancias alrededor de la tragedia —muchas de ellas de corte político, social, histórico—, que no caben en una investigación penal como la que le toca hacer a la PGR, serán indispensables para apagar la indignación.

Tan solo los dos más recientes reportajes de mi amigo Juan Pablo Becerra-Acosta sobre todo lo que sí sabían diferentes entidades policiacas y de inteligencia  federales y estatales sobre la situación en Iguala y otros municipios de Guerrero, y su falta de acción, merecen una respuesta que no corresponde —por lo pronto— a la investigación específica sobre el destino de los estudiantes normalistas.

Por eso se impone el nombramiento de un fiscal especial. Con presupuesto, poder, acceso a todos los expedientes, a todos los actores, a todos los involucrados.

Ya lo hicimos una vez. No salió mal.