Ángel Amílcar, garífuna hondureño, salió de su país el 7 de enero de 2009 con la intención de llegar a Estados Unidos. Tenía entonces 32 años, una compañera y dos hijos. “Viajé para buscar recursos para la atención de mi hijo”, dijo Ángel en una de sus declaraciones ante el juez. Al partir no sabía que no volvería a ver a su hijo mayor, quien murió en septiembre de 2009, a los siete años, cuando Ángel ya estaba en la cárcel.

Pagó 5 mil dólares para llegar a Houston. Cruzó Guatemala por tierra y por agua junto con otros migrantes. En Balancán, Tabasco, el coyote los abandonó. Por mil 500 pesos más lo subieron en la caja refrigerada de un camión con 119 personas más. 34 horas después llegó a la Ciudad de México. En marzo llegó a Tijuana y conoció a El Ruso, quien le prometió pasarlo al otro lado. Lo llevó a una casa donde había otros migrantes esperando a pasar, también había armas y drogas. Normal. A Ángel le tocaba hacer limpieza de los baños. No podía salir. 

Cuatro días después, el 9 de marzo de 2009, llegó a la casa un operativo en el que participaron agentes de la Policía Federal Preventiva, la Policía Estatal Preventiva, la Policía Ministerial del Estado y la Policía Municipal. Ángel fue detenido, al igual que otras 10 personas, acusado de haber cometido diversos delitos federales como delincuencia organizada, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína y mariguana con fines de comercio.

En el expediente hay dictámenes de tortura y declaraciones de coacusados que dicen que Amílcar era solamente un migrante esperando a pasar. 

Pero la justicia mexicana no se fija en esos detalles. 

La única evidencia en su contra era una supuesta declaración suya extraída bajo tortura. Tortura, por cierto, documentada. Ángel Amílcar sigue en la cárcel. No ha sido sentenciado después de cinco años.

Amnistía Internacional ha revisado el caso y pide su liberación. 

Su pareja ha venido a México a pedir justicia para que algún día Ángel pueda ver a su otro hijo.

La PGR primero y, si no, un juez mexicano tienen la palabra.