Un nuevo triunfo de los gobernadores

El último triunfo de los gobernadores es el dictamen aprobado en el Senado que reordena el esquema institucional de combate a la corrupción, incluyendo una comisión nacional con relativa autonomía.

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En el año de las reformas, en el año que cambiamos la Constitución en materia de educación, telecomunicaciones, energía… no pudimos tocar a los júniors de la política mexicana.

A los que se gastan con irresponsabilidad el dinero que les da el gobierno federal; a los pequeños virreyes llenos de lujos e ineficiencia.

Buen año para los gobernadores.

Su último triunfo es el dictamen aprobado en el Senado que reordena el esquema institucional de combate a la corrupción, incluyendo una comisión nacional con relativa autonomía del Ejecutivo y encabezada por un comisionado nombrado por el Senado. Hay algunos avances importantes en la legislación que aún tendrá que pasar por la Cámara de Diputados.

En palabras de la organización México Evalúa, es de aplaudir la creación de un órgano con un titular cuyo nombramiento estará a cargo del Senado y al que se le brinda un carácter autónomo. 

Celebran que “dentro de las facultades que se contempla otorgarle a dicho órgano está la posibilidad de que su actuación no esté limitada por el secreto fiscal ni bancario, garantizándole una mayor capacidad para realizar eficazmente sus labores de investigación.

Es positivo establecer constitucionalmente la obligación por parte de las entidades federativas de crear, a su vez, organismos que emulen los esfuerzos de combate a la corrupción a nivel local. Reconocemos la sensibilidad legislativa para establecer explícitamente la posibilidad de compensar a todo particular que resulte afectado por irregularidades administrativas llevadas a cabo por malos servidores públicos”.

Hay, sin embargo, preocupaciones serias que podrían ser corregidas por la Cámara baja, como un mejor mecanismo para “poner dientes” a la Comisión; la definición precisa de la integración del Consejo Consultivo y precisiones jurídicas necesarias que guíen la legislación secundaria. 

Pero, sin duda, la mayor omisión es que se olvidan de los gobernadores. Apenas y los obligan a crear un mecanismo similar —ya imaginamos cómo será de autónomo— y la facultad del órgano federal para atraer casos estatales es muy limitada.

El año de la reformas fue tolerante con nuestros gobernadores. 

Algo dice del año. Y de las reformas. 

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