Querido lector, acompáñeme en el siguiente ejercicio de imaginación: 

Pensemos que un día en el verano de 2013, amanecimos con la noticia de que la Procuraduría General de la República había detenido y consignado por homicidio y delincuencia organizada al alcalde de Iguala y su esposa. Nos informaba la PGR que la primera denuncia la presentó otro perredista, el señor René Bejarano, por el asesinato del también perredista Arturo Hernández Cardona. 

¿Qué hubiera hecho Jesús Zambrano? ¿Cómo hubieran reaccionado los líderes perredistas en la Cámara de Diputados?

¿Qué hubiera dicho el gobernador –formalmente perredista— Ángel Aguirre? 

¿No fue el PRD el partido que en el sexenio pasado negoció en Gobernación la protección de Julio César Godoy Toscano y luego lo metió a escondidas a la Cámara de Diputados para que tomara protesta?

Si se hubiera actuado contra Abarca, ¿cuántos discursos y declaraciones hubiéramos tenido que soportar sobre la politización de la justicia y el fuero, y bla, bla, bla? ¿Cuál hubiera sido el sentido del voto perredista en el Legislativo?

Para el año pasado todos los indicadores eran bastante claros respecto a que en Guerrero, a diferencia de otros estados, la violencia no cesaba y en muchos casos las cosas estaban cada vez peor. En 2013 Guerrero fue la entidad con mayor número de homicidios por cada 100 mil habitantes, tres veces lo de Michoacán. En el estado también proliferaron las autodefensas.

¿Qué habría sucedido si el gobierno federal hubiera propuesto una intervención en Guerrero al estilo Michoacán? ¿Nos hubiéramos hartado de discursos perredistas sobre los atentados contra el federalismo? 

Pregúntese ahora, querido lector, ¿tuvo que ver toda esa posible reacción del PRD con la decisión del gobierno de no hacer nada cuando Bejarano les presentó la denuncia a Murillo Karam y a Osorio Chong? ¿No era ese verano fundamental para las negociaciones de la reforma fiscal, las secundarias de la educativa, la constitucional de telecomunicaciones?

La siguiente pregunta me ronda la cabeza hace días: ¿alguien, en algún despacho del gobierno federal, calculó que aplicar la ley en Guerrero daría al traste con las reformas y con el Pacto, y que por lo tanto no valía la pena pelearse con el perredismo?
La magnitud de la omisión es tal que debe tener alguna explicación. Tal vez sea similar a la imaginada aquí. Da escalofrío.