Nuestro país sigue calificado como uno de los más corruptos del planeta. En el índice que publica Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 106 de 177 naciones, siendo el 177 el nivel más alto en corrupción. El Banco Mundial calcula que la corrupción nos cuesta 1.5 billones de pesos al año, lo cual equivale a 40 veces el presupuesto de la UNAM.

Ninguna reforma estructural dará los resultados esperados con este lastre. De hecho, uno de los acuerdos centrales del Pacto por México, signado por el Gobierno Federal y las fuerzas políticas, se refiere precisamente a la “transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción”. Este punto es esencial y  –inexplicable e irresponsablemente– la reforma en comento se dejó para después, cuando debió ser prioritaria.

Lo es no sólo por su implicación económica sino por su connotación política. En la grave crisis de credibilidad que atraviesan tanto los gobernantes como las fuerzas políticas, el ciudadano mexicano requiere la existencia de instrumentos legales que le devuelvan la esperanza y la confianza en sus representantes políticos.  

De allí que sea plausible la propuesta presentada por el PAN para la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción con características de autonomía, ciudadanización e integralidad y que recoja las mejores prácticas que en la materia existen a nivel internacional. El asunto no admite dilación y el proyecto debe enriquecerse con las ideas de los otros actores políticos y de la sociedad.

Punto esencial es que no se quede a nivel federal. Los cambios constitucionales deben obligar a su implementación –en sus mismos términos– en los Estados y Municipios. En Yucatán el organismo fiscalizador estatal sólo alcanza a ver, convenencieramente, cuentas limpias en un mar de podredumbre. Y el compromiso de “feroz combate a la corrupción” ha terminado siendo “complicidad en la impunidad”.