Aunque con las conductas incongruentes  de los protagonistas de la vida política  se pudiera integrar un grueso anecdotario de la picaresca nacional, es a partir del avance de nuestra democracia, con una mayor competitividad entre los partidos políticos y la posibilidad real de la alternancia, cuando dichos comportamientos comienzan a tener repercusiones que se traducen en votos de castigo.

Y aunque en ocasiones pueden resultar comprensibles las rectificaciones públicas sobre la postura particular o de fracción en determinados temas, lo que la gente castiga con mayor dureza es el uso del cargo público en busca del beneficio personal, peor aún cuando se trata de conductas expresamente prohibidas por la Ley.  

Casos como el de la ex funcionaria panista, ahora de la bancada del PRD, Purificación Carpinteyro, que fue pillada tratando de sacar provecho de su influencia para la elaboración de la leyes reglamentarias sobre las telecomunicaciones, que fortalecen las sospechas de su probable colusión con los magnates que disputan la supremacía en ese mercado, no deben, ni pueden, permanecer impunes.

Y así como hay actuaciones que sin caer en la ilegalidad no dejan de ser abiertamente oportunistas, como la de Gustavo Madero cuando condicionó la reglamentación de la reforma energética, primero a la subordinación de las entidades federativas a la legislación electoral centralista y luego a la aprobación de artículos que atentan contra las coaliciones y los partidos pequeños, hay otros actos que llevan  a cabo sus correligionarios aquí, que son descaradamente violatorios de la ley.

Lo que resulta todavía más reprobable cuando ha sido el PAN que, argumentando el perfeccionamiento de la democracia, ha exigido reglamentaciones más severas para evitar la realización de propaganda disfrazada y la inversión de recursos, públicos o privados, en las campañas, más allá de los límites legales,  elevándola como causal para anular las elecciones.

Aquí, ante una dirigencia local del PAN incapaz de exigirle cuentas a sus miembros, los aspirantes a la candidatura blanquiazul a la alcaldía de Mérida, entre ellos un pariente directo del ex gobernador Patricio Patrón,  están llevando al cabo actos anticipados de campaña, al incurrir en la compra de las portadas de revistas para tapizar los espectaculares de la ciudad y difundir propaganda en los camiones de ruta. Lo que pretenden justificar, burda hipocresía, aduciendo que se trata de propaganda de las propias “revistas”.

A más del abuso del perifoneo,  la repartición de trípticos y la contratación de sospechosos “estudios de opinión” que se agotan en la tarea proselitista. Corresponderá al INE rechazar esas candidaturas cuando se abran los tiempos de campaña y los partidos que contienden con el PAN los denuncien por actos anticipados de campaña y por rebasar los montos autorizados por la Ley.