La creación de leyes para suplir la ineficiencia de las autoridades parece ser una tendencia nacional, pero no sólo no resuelven de fondo los problemas, sino que generan un desgaste mayúsculo sobre actores políticos que ni siquiera son responsables de la situación que pretenden resolver.

Lea usted, en la sesión del martes 1 de abril, ingresó al Senado de la República una iniciativa para tipificar como graves los delitos cometidos en contra de los turistas en nuestro país. La propuesta fue hecha por el senador Carlos Mendoza Davis, quien propuso reformar la Constitución Política para facultar a las autoridades federales para conocer de los delitos del fuero común, cuando se trate de ilícitos cometidos contra turistas.

No es que la actividad turística no sea importante, para el caso de Quintana Roo y Baja California Sur –esta última de donde es el legislador-, es fundamental, pero sectorizar la justicia no parece ser la solución a la ineficiencia de las autoridades que no logran garantizar la seguridad de las personas y su patrimonio.

Si la medida fuera aprobada, debiera entonces proponerse que el robo a casa habitación –por mucho el delito que más se comete a nivel nacional– fuera atraído por las autoridades federales, pues a nivel nacional, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2013 se denunciaron 115 mil de estos delitos. Para el caso de Quintana Roo, su capital registró más de 5 mil de estos delitos en el mismo periodo.

Así que, aunque la medida propuesta por los legisladores pudiese inhibir parcialmente a los delincuentes, al descubrir la inoperatividad de la norma pudiese volver a la gravedad en que se encuentra actualmente, de ahí que lo necesario en realidad es que las autoridades actúen.

En el ámbito local, el Congreso aprobó la semana pasada la Ley de Ordenamiento Social, cuyo contenido es innovador en muchos sentidos, aunque aborda temas ya existentes en ordenamientos vigentes, lo que ha sido reconocido por el mismo consejero jurídico del Gobierno del Estado, Raúl Labastida Mendoza, quien aseveró en un programa televisivo que municipios como Benito Juárez ya tienen contemplado en su normativa sanciones a quienes afecten la actividad turística mediante bloqueos o protestas. De nuevo, actuación eficiente, no nuevas normas.

La ley está en revisión por parte de la instancia que encabeza Labastida Mendoza. Contempla aspectos positivos como las sanciones a quien organice peleas de perros o a quien no recoja los desechos de mascotas que sean paseadas en espacios públicos, pero de nuevo, son atribuciones y así está marcado para los municipios. Entonces ¿por qué no solamente actualizar sus ordenamientos que parece ser lo adecuado? ¿Para qué generar desgastes a instancias como el Congreso local cuya responsabilidad no es generar las condiciones de seguridad en la entidad? Y vaya que ha generado señalamientos al catalogarla de fascista, sin entrar verdaderamente al fondo en el análisis de lo positivo que tiene y lo innecesario en algunos de sus temas. Ojalá en la revisión puedan dilucidarse estas cuestiones.

Así que, para solucionar un problema o prevenirlo, la opción no es crear leyes, comisiones especiales o fiscalías; sino acabar con la ineficiencia administrativa de las autoridades. Opinión del escribiente.

                                            ENMUDECER O NO ESCUCHAR…

Menos de dos semanas tiene de haber sido designado presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y Harley Sosa Guillén no ha enmudecido, pero ha dicho sólo lo que ha querido; que para el caso es lo mismo, pues ya tiene varios temas que no ha atendido. Aunque las expectativas no eran muchas, comienza a ser indicativo de lo que se espera en los próximos cuatro años, porque mientras el ombudsman se entretiene en construir su plan de trabajo, los señalamientos a su desempeño comienzan. Así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.