Llegó al Congreso una iniciativa preferente del Ejecutivo que busca reforzar la protección y los derechos de los niños y adolescentes en salud, educación y bienestar general.

Es la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene un plazo muy corto para el análisis profundo de los legisladores, quienes tienen hasta fin de mes para darle su aprobación.

La idea es buena, pero la cobertura es —como pasó con la de telecomunicaciones— insuficiente, ya que deja en el limbo a un grupo no menor de niños y adolescentes: aquellos con discapacidad. No hay datos concretos de cuántos son (algo que también debería prever esta ley), pero “se calcula que hay unos 2.6 menores con alguna discapacidad en el país”, dice Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón que rehabilita a unos 31 mil niños.

Las cosas por su nombre: los niños y adolescentes con discapacidad tienen los mismos derechos que sus pares sin discapacidad, pero necesitan de esfuerzos extras para garantizar su acceso a esos mismos derechos. “Estamos enviando a los diputados una propuesta de modificación con intervenciones directas al texto de la iniciativa preferente para subsanar, en lo mínimo, estas omisiones en un ejercicio de dice-debe decir”, comenta Katia D’Artigues. Esas omisiones son muchísimas, donde se han ¿olvidado? de cuestiones como la plena no discriminación, la educación inclusiva, una vida libre de violencia, la salud, la rehabilitación e incluso la creación de un programa especial para que el Sistema Nacional DIF pueda finalmente atender a los menores con discapacidad (hoy tiene muchos peros al respecto).

Me sumo a esta cruzada con Katia para impulsar este listado, que es un ejercicio perfecto de real inclusión, un check list sobre lo que debe sumar para que sea justamente eso, inclusiva. Porque esta ley sigue viendo a los niños y adolescentes con discapacidad desde una visión de mera protección, como sujetos de asistencialismo y no de derechos.

Si la presión social y mediática oportuna logró hace dos meses que se incluyeran a las personas con discapacidad dentro de la poderosa Ley de Telecomunicaciones, creo que podemos conseguir que esos más de dos millones de niños y adolescentes con discapacidad accedan a lo que la Constitución les garantiza.

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