Sin sustento jurídico, el pasado lunes el Gobierno Federal echó a andar en Michoacán la llamada Policía Rural Estatal. Integrada con ex miembros de los grupos de autodefensas, este remedo de cuerpo policial ha generado diversos cuestionamientos, como los siguientes:

Preparación: En cuestión de tres semanas se enseñó a los policías rurales a marchar, se les uniformó y armó para brindar seguridad a sus conciudadanos. De la noche a la mañana, convirtieron a agricultores, comerciantes y amas de casa en policías -“¡ya somos gobierno!, fue su grito de triunfo”-.

La cacareada Gendarmería Nacional lleva casi dos años preparándose y aún no opera. En el Ejército y la Marina, adiestrar a un recluta lleva unos tres meses cuando menos.

Organización: Se dijo que esta Policía dependerá de la Sedena, pero bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública estatal -ante la cual rindió protesta-, y será pagada por el Gobierno del Estado.

¿Puede haber peor desorganización? Hay dos máximas que se ignoraron: “El que paga manda” y “El mando es indivisible”. Y damos por descontado que carecen de reglamento para la jerarquización y sucesión de mando, por ejemplo qué cargo tiene “Papa Pitufo”.

Legalidad: No basta un decreto administrativo para conformar esta fuerza rural. Es necesaria una ley, o reformar la existente, para definir sus facultades y alcances. La Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea no prevé la figura de “fuerza rural estatal”, como tampoco lo hace la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado.

Además, debe ser sujeta a los controles de calidad y confianza como el resto de las policías en el país,  pues se corre el riesgo de que se infiltren delincuentes, como ya ocurrió con las autodefensas.

A la luz de los hechos parece que la formación de esta Policía Rural no tiene nada que ver con la dimensión real de la seguridad o más bien de la inseguridad que se vive en Michoacán, si así fuere se sentó un mal precedente  porque siguen Tamaulipas, Guerrero, Estado de México…